El Constitucional «no tiene prisa» para resolver el recurso del PP contra la ley de plazos

Retirada la reforma de la ley del aborto que promovía el Gobierno y dimitido el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por no ser «capaz» de sacar adelante el anteproyecto, el foco se dirige ahora a la casilla de salida, la ley de plazos socialista de 2010, conocido también como 'ley Aído'.

En junio de ese año, el PP y el Gobierno de Navarra recurrieron ante el Tribunal Constitucional ocho preceptos de la norma que permite a las mujeres abortar sin ningún requisito en las 14 primeras semanas de gestación, y hasta la 22 en algunos casos. El texto llevó la rúbrica de Mariano Rajoy y de la entonces portavoz parlamentaria del PP y hoy vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría. Mientras que el equipo jurídico lo dirigió el exministro Federico Trillo, embajador en Reino Unido.

La ley de plazos, justificó entonces Trillo, «es contraria al derecho a la vida tal y como lo ha interpretado el Tribunal Constitucional en 1985», en referencia al único precedente jurídico sobre la regulación del aborto. Mencionaba la sentencia 53/1985, que por un apretado siete a seis votos estableció una serie de garantías para respetar el derecho del nasciturus frente a la libertad de decisión de la madre. Curiosamente, el origen de aquel fallo fue un recurso presentado en 1983 por el dirigente de Alianza Popular José María Ruiz-Gallardón, padre del ministro saliente, que ya entonces colaboró en la redacción del texto.

Un cuarto de siglo después, el PP volvió al Constitucional porque la ley de Zapatero «pretende que el aborto, lejos de ser una excepción y una práctica mala para la mujer y para la criatura, se convierta en un derecho indiscriminado», dijo Trillo. Por su parte, Sáenz de Santamaría zanjó entonces que la norma «era contraria» a la jurisprudencia de la corte de garantías.

De aquellas palabras han pasado más de cuatro años, el recurso sigue sin dirimirse pese a las reiteradas peticiones de retirada de PSOE e Izquierda Unida, las últimas ayer, y la sentencia ni está ni se le espera. «El Constitucional aborda este recurso como un asunto más y no tiene prisa», aseguraron fuentes del órgano jurídico.

La razón de que las cosas de palacio vayan despacio es que el ponente del recurso del PP, el magistrado conservador Andrés Ollero, lleva dos años estudiando y perfilando el borrador que debería debatir el resto de compañeros en los plenos ordinarios semanales. Pero de momento no hay visos de incluirlo en los próximos órdenes del día.

«Aborto libre»

Desde el PP, responsable del nombramiento de Ollero como magistrado, fue diputado del partido durante 17 años, hay quienes piensan que el recurso estaba 'en el congelador' a la espera de que el Gobierno aprobara la reforma que ha acabado con Gallardón. La teoría era que no tenía sentido pronunciarse sobre la constitucionalidad de algunos preceptos de la ley de plazos cuando el legislador pretendía darles la vuelta como un calcetín con una nueva ley. Pero como ya no es posible, quizá el ponente tenga la intención ahora de impulsarla.

En cualquier caso, la única certeza es que el Constitucional se está tomando su tiempo, lleva cuatro años, y que los conservadores dominarán el debate jurídico en los plenos. El propio Ollero, catedrático de Derecho y vinculado al Opus Dei, ya dejó escrito en 2012 una valoración sobre el Constitucional y el aborto. Dijo que aunque la corte entienda «que una ley de plazos es admisible, no significaría que descartarla fuera inconstitucional». Razonó que «la situación (en España) es de aborto libre» y afirmó que tras el fallo de 1985 «no se han respetado» los derechos del feto.