Las siete leyes pendientes del Ministerio de Justicia

El anuncio de dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón no impedirá que el Ministerio de Justicia siga siendo la cabeza visible de la agenda reformista del Gobierno hasta el final de legislatura. Hasta siete leyes cocinadas en el departamento que ahora comandará Rafael Catalá deberían entrar en funcionamiento en este curso político, que transcurrirá hasta finales de julio, fecha en la que casi con toda seguridad se dará por concluida la actividad parlamentaria debido a la cercanía de las elecciones generales, que se celebrarán en otoño de 2015.

Con el calendario en la mano, dos normas ya se encuentran con el plazo prefijado para su aplicación: la ley de transparencia (10 de diciembre del 2014 para los órganos estatales y un año después para los entes autonómicos y locales) y la ley del registro civil, que pasará a manos de los registradores a partir del 15 de julio del 2015.

En el caso del Código Penal que tramitan las Cortes, una parte importante se refiere a las faltas que se convertirán en delitos menos graves. Sin embargo, no podrá aplicarse si antes no se aprueba un proceso específico que no existe en este momento y que pasa por modificar determinados artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Con todo, su desarrollo se alargará más de un año, ya que el Código Penal está previsto que entre en vigor de forma progresiva en el 2015.

Al Congreso también llegaron el pasado 1 de agosto los proyectos de ley de Jurisdicción Voluntaria y del Estatuto de la Víctima. El primero simplifica y actualiza los procedimientos en aquellos asuntos en los que no hay controversia, en los que intervendrán notarios y registradores, y requerirá un órgano judicial para la tutela de determinados intereses civiles y mercantiles. Por su parte, el Estatuto de la Víctima constituye un catálogo de los derechos procesales y extraprocesales de aquellas personas que sufran un perjuicio físico, moral o económico a consecuencia de un delito. Ambos proyectos son más livianos y tendrán una tramitación más rápida. A ello ayudará la mayoría absoluta del PP.

Un caso parecido es el proyecto de Asistencia Jurídica Gratuita. Llegó a las Cortes en febrero y el Gobierno exigió antes de verano que se acelerara su desarrollo parlamentario con la celebración de sesiones extraordinarias de los órganos competentes. La norma endurece los criterios para acceder a este servicio.

En cambio, más complicado por los tiempos es la aprobación de unas de las normas estrella de Gallardón, la ley Orgánica del Poder Judicial, que regula las funciones de juzgados y tribunales, tiene 700 artículos y en la actualidad se encuentra en fase consultiva. En esta legislatura ya se han hecho reformas parciales para limitar la jurisdicción universal, por ejemplo. Esta modificación fue tan polémica como la ley de tasas para los recursos judiciales. Está recurrida en el Constitucional y ha puesto de uñas a los abogados.