Los recursos contra el recorte de primas a las renovables inundan el Tribunal Supremo

La nueva legislación sobre energías renovables nacida de la reforma eléctrica ha abierto un amplio frente judicial que cada día se va ensanchando un poco más. La aprobación de la orden ministerial que establece los parámetros de retribución al antiguo régimen especial (renovables, cogeneración y residuos) ha disparado el número de recursos judiciales contra la norma. Más de 2.000 productores de energía renovable se han agrupado para impugnarla ante el Tribunal Supremo, que sólo ayer admitió a trámite 31 recursos, formulados en su gran mayoría por pequeñas empresas del sector. El total de recursos presentados ante el Supremo supera ya el centenar. Pero la ofensiva legal contra el recorte a las renovables va mucho más allá, e incluye las peticiones de arbitraje interpuestas en diversos organismos internacionales, o los recursos de inconstitucionalidad presentados por algunas administraciones públicas.

El despacho de abogados Holtrop S. L. P. Transaction&Business Law, firma internacional especializada en derecho europeo en el sector de las energías renovables, anunció ayer la impugnación de la orden ministerial que el Gobierno aprobó el pasado 16 de junio, paso previo a la denuncia ante el Tribunal Supremo.

Macrodemanda

Se trata de una de las mayores acciones judiciales conjuntas que se han llevado a cabo en España contra la reforma eléctrica. La demanda agrupa a casi 1.500 unidades de producción de energía fotovoltaica, eólica, minihidráulica, cogeneración y termosolar, que suman unos 640 megavatios (Mw) de potencia instalada. Si además se incluyen los clientes de fotovoltaica que sólo recurren el real decreto-ley 114/2010 -con el que se recortaba el número de horas de producción con derecho a prima- se llegan a los aproximadamente 2.000 litigantes.

Ayer, el Boletín Oficial del Estado (BOE) hacía públicas las admisiones a trámite por parte del Tribunal Supremo de 31 recursos contencioso-administrativo contra el real decreto 413/2014 -que regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables- y la orden ministerial de parámetros. Se trata de denuncias presentadas en su mayor parte por pequeñas empresas productoras de electricidad a través de tecnologías limpias, aunque también figuraba una interpuesta por la Asociación Española de Fabricantes de Pastas, Papel y Cartón (Aspapel).