El mundo de la cultura clama contra la ley Lassalle

Las ocho entidades de gestión existentes en España, apoyadas con la presencia de un nutrido grupo de artistas, pidieron ayer la retirada del proyecto de Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que actualmente se tramita en el Senado. Los portavoces de las asociaciones acusaron al Gobierno de haberlas marginado en la fase negociadora y haber sucumbido a los intereses de los grupos de presión. En un acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, los artistas y empresarios aseguraron que de aprobarse la norma tal y como se encuentra ahora, se ahondaría en la destrucción de puestos de trabajo en un sector que ya ha perdido 25.000 empleos en 2013. La industria cultural deplora la desidia de los sucesivos gobiernos ante la piratería y el poder de las compañías tecnológicas que, a su juicio, parasitan sus creaciones.

La industria cultural está muy descontenta con el proyecto, que viene a agravar los males de un gremio ya muy perjudicado por el incremento del IVA de un 8% a un 21%. El presidente de la SGAE, José Luis Acosta, demandó la implicación directa de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al entender que el Ministerio de Cultura acata sin rechistar los mandatos que emanan del departamento que dirige Cristóbal Montoro. «La secretaría de Estado [de la que es titular José María Lassalle] se ha sometido a las peticiones de los grupos de presión, cuyo mayor interés es pagar menos o nada por las obras, interpretaciones y producciones que tan lucrativamente explotan, despreciando el respeto al derecho al trabajo y al valor esencial de la cultura».

Pese a dar empleo a 433.000 personas y suponer el 3,5% del PIB, el sector se siente ninguneado por el Ejecutivo. Los promotores de la protesta, agrupados en torno al lema 'No a la ley Lassalle', están en contra de una norma que consagra una regulación de la copia privada «arbitraria e injusta», cuando se trata de un sistema de compensación al autor que está presente en toda la Unión Europea. La reivindicación de la industria cultural coincide con la iniciativa del Tribunal Supremo de enviar una consulta al Tribunal de Justicia de Luxemburgo para saber si el canon por copia privada con cargo a los presupuestos se ajusta a la legislación comunitaria.

De acuerdo con la declaración consensuada por las entidades de gestión, la nueva normativa solo beneficia a los fabricantes de teléfonos, tabletas y reproductores multimedia. «La ridícula cantidad asignada por el Gobierno, además de despojar de sus ingresos a los titulares de los derechos, ha impedido que las entidades de gestión mantengan sus programas de educación, formación, circuitos de actuación, asistencia social, sociosanitaria y de promoción de nuestra cultura en España».

Las asociaciones están dispuestas a ser someterse a los controles públicos pertinentes y rendir cuentas, pero no a ser intervenidas por el Estado.

Durante el encuentro el actor y productor teatral Pepe Viyuela tomó la palabra para quejarse por la subida del IVA cultural al 21%. Subrayó que en Holanda se aplicó cuatro meses y ante los desastrosos efectos se suprimió enseguida. «Rectificar a tiempo es de sabios. Pero parece que la sabiduría es un privilegio exclusivamente holandés», dijo Viyuela, quien destacó que el incremento impositivo no ha cumplido siquiera con las expectativas recaudatorias. El acto, que sentó en la misma mesa a la actriz Pilar Bardem, en representación de AISGE, y al productor de cine Enrique Cerezo (EGEDA), acabó con el público y portavoces coreando al unísono 'No a la ley Lassalle'.