El soberanismo retira su amenaza de desobediencia civil si se prohíbe la consulta

Mientras Artur Mas se decide a firmar la convocatoria de la consulta del 9 de noviembre y Mariano Rajoy reúne al Consejo de Ministros para impugnarla, la situación en Cataluña ha entrado en un compás de espera. En mitad del paréntesis, Esquerra Republicana, promotora de la desobediencia civil si se impide el referéndum de independencia, dio un paso atrás. Los republicanos consideran ahora que es contraproducente esgrimir esa amenaza pues no conduce a nada porque el Gobierno de Rajoy no se va a echar atrás y, en cambio, solo mina la unidad de las fuerzas soberanistas.

La secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, fue la encargada de corregir al líder del partido Oriol Junqueras, autor del aviso hace una semana. La número dos del partido argumentó que apelar a la insumisión como respuesta a la prohibición «puede ser impactante para algunas personas». Rovira reclamó a los suyos que no anden «predicando la desobediencia civil». Impactante lo fue para Artur Mas y la mayoría de los dirigentes de CiU que se revolvieron de inmediato contra ese paso cualitativo en la escalada de confrontación.

La formación republicana ya había dado pistas de que no estaba muy de acuerdo con el planteamiento de Junqueras cuando el jueves se negó a respaldar una resolución de la CUP en el debate de política general del Parlamento de Cataluña que propugnaba que la Cámara respaldase esa estrategia. «No es necesario», dijo Rovira en Catalunya Radio, que se abra ese debate porque las movilizaciones en la calle son el mejor exponente de lo que piensa y hace la sociedad catalana.

El diputado de la CUP David Fernández, sin embargo, insistió ayer en que «no hay más camino» que el de la insumisión. Entre «obedecer al 80% de la sociedad catalana», ese fue el porcentaje de apoyo de los diputados del Parlament, o acatar la decisión de «doce jueces de un tribunal (Constitucional) politizado», la opción es clara, según Fernández, «escogeremos a nuestro pueblo».

El paso atrás de Esquerra fue aplaudido por CiU, y la vicepresidenta del Ejecutivo catalán, Joana Ortega, señaló que las palabras de Rovira están «llenas de sentido común». La portavoz de Convergencia, Mercè Conesa, también descartó que la postura del Gobierno de Mas vaya a ser ignorar la resolución del Constitucional. «La comunidad internacional nos observa», y no parece la mejor tarjeta de visita presentarse al margen de la legalidad.

Conesa dejó claro que si la votación no se puede celebrar con normalidad, no se hará, y CiU, Esquerra, Iniciativa y la CUP, los partidos que impulsan el referéndum, actuarán «a la altura del momento histórico». La portavoz no aclaró que entendía por estar a la altura porque si bien CiU e Iniciativa han dado sobradas muestras de que acatarán la prohibición, no así Esquerra y la CUP que defienden que la votación se celebre sea cual sea la decisión de la corte de garantías.

En Madrid, entretanto, el Gobierno de Rajoy seguía a la espera de que el diario oficial de Cataluña publique la ley de consultas para impugnarla. Hasta que llegue ese momento, todo son rumores porque Mas y sus colaboradores no sueltan prenda. La vicepresidenta catalana apuntó que la firma puede demorarse «unos días», lo que de ser cierto aguaría los cálculos de quienes apostaron por un rápido desenlace.

Plazos y fechas

El presidente de la Generalitat tiene hasta el 9 de octubre para convocar el referéndum porque en virtud de la recién aprobada ley de consultas dispone de entre un mínimo de un mes y un máximo de dos meses para convocar el referéndum del 9 de noviembre. Para lo que no tiene tiempo Mas es para unas elecciones plebiscitarias ese día porque la ley establece un plazo de 54 días entre la convocatoria y la votación.

El Ejecutivo evitó entrar en el juego de las fechas y los plazos e intentó dar muestras de tranquilidad. El presidente se desplazó a Santander para participar en una jornada del Campeonato del Mundo de Vela, y la vicepresidenta estuvo en un acto del PP aragonés en la localidad zaragozana de Épila. Rajoy no habló, pero sí Soraya Sáenz de Santamaría, quien emplazó a Mas a que se lo «piense» antes de firmar la convocatoria porque ese paso tendrá consecuencias para los catalanes.

Sáenz de Santamaría recordó a Mas que es presidente de «todos» los catalanes y no solo de los partidarios de votar el 9 de noviembre. Su misión, como la de todos los gobernantes, es «hacer la vida más fácil» a todos sus ciudadanos, algo que no sucederá si se consuma la fractura social que se producirá por la frustración del proyecto soberanista. «No juegue -reclamó la vicepresidenta- con las ilusiones de gente que creía que podría ser (alcanzar la independencia), pero no puede ser». Sáenz de Santamaría instó además al presidente de la Generalitat a «cumplir la ley» y sea consciente de que es el jefe del Gobierno de Cataluña gracias a la misma constitución que impide que se celebre el referéndum.