La situación del Palacio de Justicia cada vez es más precaria. :: C. C.
SAN FERNANDO

Estudian alternativas para la sede judicial

El delegado del Gobierno no descarta la posibilidad de realizar un nuevo concurso público con condiciones que abran más el abanico de posibilidades

SAN FERNANDO. Actualizado: Guardar
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El delegado del Gobierno en Cádiz, Fernando López Gil, especificó ayer que desde que el primer trámite para el traslado de la sede judicial quedara desierto, la Junta de Andalucía ha seguido trabajando y se siguen estudiando diversas fórmulas para seguir adelante con el traslado de este edificio a un nuevo emplazamiento. Entre ellas, se encuentra la posibilidad de volver a sacar a licitación el alquiler con nuevas condiciones que abran más el abanico de empresas que puedan concurrir en el proceso, «y siempre desde la máxima del menor coste posible para la Administración, ya que la austeridad debe ser la que se imponga en todo momento».

López Gil recalcó que es un objetivo prioritario para la Junta de Andalucía que todas las sedes judiciales reúnan las mejores condiciones de calidad tal como demandan los usuarios y actores judiciales. Pero también puso de relieve ante las críticas efectuadas por el alcalde de la localidad de San Fernando, José Loaiza, que es una «obligación de los representantes públicos gestionar los recursos tratando de obtener el máximo rendimiento, racionalizando mucho más el gasto y siendo más eficientes y eficaces».

El representante del Gobierno andaluz recordó que en el caso del procedimiento para el alquiler de un nuevo emplazamiento temporal para los juzgados de San Fernando, la Junta está realizando un esfuerzo económico y ampliando los costes ante las necesidades de traslado de la sede judicial en un marco en el que los costes de los alquileres de oficinas para juzgados se han reducido casi un 30% por ciento en el resto de la provincia.

«Los estudios del mercado inmobiliario de la localidad nos hicieron sacar la anterior oferta con el conocimiento de que existen locales adecuados sin uso ni actividad económica, y con precios que se podían adecuar a nuestras necesidades, que son las de tener infraestructuras de calidad al menor coste posible», explicó López Gil.

El delegado del Gobierno lamentó que el alcalde de San Fernando, «en lugar de entender como algo positivo que se trate de sacar el máximo partido a los fondos públicos sin que exista despilfarro, responda con ataques que solo tratan de esconder sus vergüenzas y crear una cortina de humo sobre sus propios problemas para gobernar la ciudad, como es el caso de las consecuencias que tendrá para la localidad el posible cierre del Centro de Formación de Tropa».