Una Ordenanza de Vivienda con dudas

El pasado lunes, el Pleno Municipal aprobó la nueva Ordenanza de Vivienda. Un escrito muy solicitado por los inquilinos de los pisos y casas municipales y que desde un principio creó muchas discrepancias entre los partidos que componen el equipo de Gobierno y también entre los de la oposición. Cabe recordar que el concejal de Vivienda, Antonio Jesús Ruiz, tuvo un enfrentamiento con el alcalde, Alfonso Candón, ya que este último varió el documento en el que se venía trabajando e imponiendo una nueva normativa, algo que el edil andalucista tachó de «medida populista».

Esta nueva norma contiene diferentes aspectos que no se han conseguido con el consenso de todas las partes.

El principal punto de tensión es el referente al pago del alquiler que tendrán que hacer los vecinos en función de la renta mensual de la unidad familiar. Según viene recogido en la ordenanza, las personas que tengan un nivel de ingresos de 0 a 400 euros no tendrán que pagar ningún tipo de alquiler; de 400,01 a 798,77 euros pagarán 25 euros; de 798,78 a 931, 89 euros le corresponderá un alquiler de 50 euros; de 931,90 a 1.065 euros pagarán 75 euros y por último de 1.065, 03 a 1.331,28 pagarán 100 euros. Estas cantidades comparándolas con el número de inquilinos que se verían afectados tendrían una facturación mensual para el Consistorio de 2.650 euros mensuales, ya que 255 personas no pagarían alquiler, 70 pagarían 25 euros, 4 vecinos, 50 euros; 4, 75 euros y otros 4 inquilinos, 100 euros.

Al superar los 1.331,29 euros de renta mensual, el Ayuntamiento le propondría al inquilino que compre la vivienda o que la abandone en un periodo de un año, al considerar que excede la renta para la función que tienen las viviendas municipales. Estas cifras toman como referencia el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) que actualmente se estipula en 532,51 euros, por lo que como máximo no se puede exceder del doble del IPREM.

Con esta nueva normativa, el Ayuntamiento perderá cada año 368.000 euros, ya que tras la implantación de la ordenanza recaudará 31.800 euros por el alquiler y no los 400.000 euros que recibía hasta el momento. Algo que podría chocar con los Planes de Ajuste en el que se encuentra sometido el Ayuntamiento, ya que además de perder anualmente una importante cifra, el Consistorio tendría que hacer frente a las posibles bonificaciones y ayudas a los vecinos algo que no se ve con buenos ojos desde el Área de Intervención que exige tener una disponibilidad presupuestaria que se estima en 580.000 euros anualmente.

Otro de los puntos más polémicos para los vecinos es el referente al pago del Impuesto de Bienes e Inmuebles, IBI. La nueva ordenanza estipula que los inquilinos serán los que paguen el IBI, pero a cambio recibirán una bonificación de hasta un 95%. Esta ayuda se basará en un estudio realizado por el Área de Bienestar Social y variará dependiendo de la renta y la situación de cada familia. El problema en este aspecto radica en que la nueva normativa obliga al vecino a estar al día con las administraciones para poderse acoger a dicha bonificación, algo que desde los partidos de la oposición catalogan de escandaloso, ya que son familias que no cuentan con muchos recursos.

Antiguas normativas

Por otra parte, la ordenanza exige que todos los inquilinos se acojan a ella por lo que muchos de los vecinos que aún se encontraban regidos por el primer contrato tendrán que hacer frente a las deudas contraídas con la anterior ordenanza, dentro de un calendario de pagos, que va desde el mes de marzo de 2013 hasta que entró en vigor esta nueva normativa. Para hacer frente a dicha deuda, la Concejalía de Bienestar Social prestaría ayuda después de estudiar cada caso, esa colaboración sería sufragando un tanto por ciento de la deuda. Otra de las posibilidades que se maneja desde el equipo de Gobierno es la posibilidad de sufragar esa cantidad con el pago compensado, realizando arreglos en los inmuebles por parte de los vecinos hasta pagar la cuantía.

Muchas son las voces que se han manifestado en contra de esta normativa, entre ellas se encuentra la del concejal y portavoz socialista, David de la Encina, quien la considera «un tufo electoral». El edil teme que esta normativa no tenga un plan de continuidad, «ya que dependerá de los presupuestos que presente el Ayuntamiento para cubrirla». Asimismo, cree que es una medida que llega tarde, «después de estar dos años luchando por esto, ahora viene Candón con unas medidas que son difíciles de cumplir».

Por su parte, el socio de Gobierno y concejal de Vivienda, Antonio Jesús Ruiz, tampoco se muestra convencido por la recién aprobada ordenanza, «a mí no me gusta, es injusta. Es fruto de un acuerdo entre el PP, IU y la Coordinadora, ahora se desmarcan pero ellos lo aprobaron. A nosotros nos gustaban más otras que plantearon IU que eran más sociales y menos populistas, pero decidieron alinearse con el populismo propuesto por Alfonso Candón. No me gusta porque se prima a familias que tienen recursos suficientes para ser solidarios, y ésta no lo es».

El concejal de IU, Antonio Fernández, explicó el voto a favor que dio su partido a este documento, «entendemos que mejoraba bastante a la anterior», aunque matiza que hubo demasiadas prisas para sacarla adelante, «se hizo de manera rápida y electoralista. Se podría haber llegado a un consenso entre todos pero cuando se hace de esa forma es más complicado», apunta.

«Es fruto de un acuerdo entre PP, IU y la Coordinadora, que se alinearon al populismo propuesto por Candón»

«Es un tufo electoral, después de dos años luchando ahora viene Candón con medidas que no podrá cumplir»

«Se hizo de manera rápida y electoralista. Se podría haber llegado a un consenso entre todos, pero no hacerlo de esa forma»