Moreno observa signos de ruptura entre PSOE e IU y Díaz lo niega
La presidenta afirma que los servicios jurídicos de la Junta trabajan de forma «acelerada» para modificar la LOUA, mientras Valderas pide «cautela y serenidad»
SEVILLA. Actualizado: GuardarEl presidente del PP-A, Juanma Moreno, cree que la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, «ha perdido el control de su gobierno» y vive en «una constante inestabilidad». Moreno observa signos de ruptura entre PSOE e IU que restan estabilidad al gobierno autonómico. Una conclusión a la que el dirigente popular llega tras el debate sobre el estado de la Comunidad. Una visión que la presidenta andaluza negó con rotundidad ayer en un acto en Valladolid del diario 'El Norte de Castilla'. «No», respondió a la pregunta de un participante sobre sobre divisiones internas.
El líder popular, en un foro de otro periódico, el diario 'Córdoba', puso como ejemplo que IU votara en contra de una de las propuestas estrella de la presidenta en el debate sobre el estado de la Comunidad, la de la reforma de la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA) para regularizar viviendas construidas de forma ilegal, en su mayoría en Málaga y Almería. La propuesta de resolución planteada por el PSOE sobre esta iniciativa salió adelante gracias a la abstención del PP, pero es el Consejo de Gobierno, donde hay tres consejeros de IU, el que la debe aprobar. «No es positivo para la economía vivir en una permanente incertidumbre; la señora Díaz no controla a su gobierno», apostilló Moreno.
La presidenta replicó en Valladolid que no hay tensiones internas con Izquierda Unida por este motivo. Añadió que su Gobierno va a acometer esta regularización de viviendas «dentro de la legalidad» para dar una solución a «miles de familias que viven en el limbo», aunque remarcó que no se legalizará la situación de aquellos inmuebles que se encuentren en zonas inundables.
Lo cierto es que Izquierda Unida sigue reticente a la reforma de la ley urbanística, aunque está abierta a una negociación sobre sus términos. Aún así las discrepancias siguen. El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, quizás quien más sintonía tiene con la presidenta, volvió a reclamar ayer «cautela y serenidad» para «no sobrepasar ningún aspecto que pueda rozar la ilegalidad en los procedimientos que el Gobierno de la Junta tenga que hacer». Por su lado, Susana Díaz aseguró que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía «están trabajando de manera acelerada para dar seguridad» a esta situación.
En el fondo de esta polémica subyace los roces entre PSOE e IU por las competencias urbanísticas. La ordenación del territorio y planeamiento es competencia de Medio Ambiente, que dirige María Jesús Serrano, del PSOE; Mientras que las de vivienda corresponden a Fomento, bajo la batuta de Elena Cortés (IU). Por ello Diego Valderas propone «activar una comisión de trabajo» de la Consejería de Fomento y Vivienda y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para que «alumbre una salida».
La medida propuesta por Susana Díaz ha generado muchas expectativas en los alcaldes de todo signo político a ocho meses de las elecciones municipales. Pero hay muchas más viviendas irregulares construidas en Andalucía de las 25.000 a las que afecta la medida.
El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto (PP), le ha pedido a la Junta que haga «una interpretación generosa» sobre los inmuebles que ahora se encuentran en un limbo jurídico, que no se pueden derribar, pero tampoco regularizar.
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, se apresuró a advertir de que «no se puede dar café para todos» para recordar que no todas las viviendas ilegales podrán regularizarse.
El Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, recomendó a la administración atender caso por caso para no perjudicar el interés público. Maeztu advirtió que nunca va a defender el descontrol, pero también razonó sobre la necesidad de una solución al problema que su oficina estudió el año 2000 detectando más de mil urbanizaciones ilegales en Andalucía.