Alaya comunica que seguirá instruyendo el caso de los ERE mientras el Supremo decide

La jueza Mercedes Alaya respondió ayer rápidamente al escrito de la Fiscalía Anticorrupción, dictado el lunes y conocido este jueves, y ha informado al Tribunal Supremo de su decisión de continuar con la instrucción de la causa. Lo hace «en tanto» el Alto Tribunal «no fije su propia competencia» a la vista del contenido de la exposición razonada remitida por la magistrada.

En una providencia de sólo dos líneas, de la que da cuenta la agencia Europa Press, la titular del Juzgado número 6 de Sevilla acepta la petición realizada por Anticorrupción y acuerda remitir al Tribunal Supremo copia de los dos autos dictados el pasado 4 de septiembre.

Ese día, la juez dictó un primer auto donde acordaba continuar con la instrucción de la causa y una segunda resolución en la que acordó dar traslado a los exconsejeros de la Junta Gaspar Zarrías y María del Mar Moreno, a tenor del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la presente causa así como del contenido de la exposición razonada elevada al Supremo.

En un escrito elevado al Juzgado el pasado lunes, el Ministerio Público reclamó a la juez Mercedes Alaya que, «con carácter urgente y como necesario complemento, de no haberlo realizado ya, se ponga en conocimiento del mencionado Alto Tribunal la decisión que se adopta de continuar la instrucción de la causa mediante remisión» a los dos autos dictados el pasado 4 de septiembre. Anticorrupción, en este sentido, «entiende que todo lo anterior se debe realizar» a los efectos del artículo 759.2 en relación con el artículo 21, párrafo tercero ambos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, «siendo este último artículo el que prevé que el Tribunal Supremo puede autorizar al órgano judicial inferior, en tanto se resuelve la competencia, la continuación de aquellas diligencias cuya urgencia o necesidad fueran manifiestas».

La Fiscalía ha defendido que se divida la causa y se elevara al Supremo las piezas separadas sobre los aforados y , en caso de que no fuera así y Alaya decidiera mantener la «inescindibilidad» de las actuaciones debería suspender la tramitación de la causa.