Los fiscales catalanes cierran filas y garantizan el cumplimiento de la legalidad

La foto fue muy llamativa. La cúpula de los fiscales de Cataluña entrando ayer en el edificio de la calle Fortuny número cuatro de Madrid, sede de la Fiscalía General del Estado. La pretensión de la reunión con el jefe máximo, Eduardo Torres-Dulce, no era otra que mostrar la firmeza y unión del Ministerio Público ante el horizonte inmediato que plantea el desafío soberanista catalán.

Pese a que, de forma oficial, el encuentro de poco más de una hora se centró sobre todo en asuntos de funcionamiento interno, sí se tocó el tema del referéndum del 9 de noviembre. Hubo una mención concreta al convencimiento de la Fiscalía de que «todas las instancias respetarán el ordenamiento legal, tanto en los preceptos legales emanados de la Constitución como de los eventuales pronunciamientos de los tribunales».

Esta declaración supone que tanto la Fiscalía General del Estado como sus órganos subordinados en Cataluña no quieren entrar de momento en el terreno de las elucubraciones, es decir, vaticinar las consecuencias legales que tendría la convocatoria del referéndum independentista y desobedecer las resoluciones que dicte al respecto el Tribunal Constitucional, sino que confían en que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, cumpla con la Carta Magna y acate la suspensión de la consulta soberanista que ordenará el alto tribunal.

Y como la cronología de los acontecimientos sí importa, el mensaje de Torres-Dulce y la cúpula catalana al presidente de la Generalitat llegó horas antes de que el Parlament apruebe hoy la ley de consultas y de que el Gobierno central reaccione con un recurso suspensivo ante el Tribunal Constitucional. Por lo que la foto y la reunión de este jueves del Ministerio Público tuvieron un sentido más institucional que amenazante. Pero el mensaje fue claro.

A la cita de la calle Fortuny acudieron, además de Torres-Dulce, los fiscales jefes de Barcelona, Ana María Magaldi; Tarragona, Javier Jou; Lleida, Juan Francisco Bone, y Girona, José María Casadevall; además del fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada. El martes pasado, el fiscal general dijo en Bilbao que «prevaricaría» en caso de no actuar si se «negara la efectividad de un mandato legítimo y constitucional».