«No creo que los participantes de la Diada pretendan saltarse la ley»

El 25º aniversario del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco cogió ayer a Eduardo Torres-Dulce en pleno pulso político, jurídico y social por la convocatoria de la consulta soberanista en Cataluña del 9 de noviembre. El fiscal general del Estado, que hoy se reúne con su equipo catalán para coordinar las posibles respuestas al plebiscito, se mueve entre la firmeza -«fuera de la ley no hay nada»- y un respeto institucional escrupuloso hacia el presidente de la Generalitat y los ciudadanos que reclaman otra relación con España.

- ¿Qué cree que va a hacer Artur Mas con la consulta?

-No lo sé, ni soy adivino ni me corresponde entrar en un terreno que es estrictamente político. No me gusta que los políticos interfieran en exceso en las decisiones judiciales o del Ministerio Fiscal y, si soy consecuente, debo pensar lo mismo de la actividad política. Lo que decida Mas corresponde a la esfera de su autonomía.

-Pero dice estar seguro de que el presidente catalán no va a desobedecer.

-No es que confíe, es que él, como cualquier dirigente político, sabe que está en un Estado democrático regido por el imperio de la ley. Un Estado de Derecho lo que implica es aceptar las decisiones judiciales, las del Tribunal Constitucional. Lo contrario supone situarse extramuros del Estado de Derecho, lo que significa una ruptura de la convivencia importante. Ningún dirigente, y mucho menos un presidente autonómico que ha mostrado su respeto por la ley, debe situarse extramuros de esa ley.

-Si la convoca, de acuerdo a la ley de consultas catalana, ¿la suspensión por el Constitucional es irremediable?

-Si el Constitucional la admite a trámite, la suspensión es automática, es un efecto que va anejo a este recurso.

-¿Qué les va a decir hoy a los fiscales de Cataluña?

-Ante una serie de hechos que se están produciendo y que podrían llegar a producirse en Cataluña parece conveniente que el fiscal general del Estado recabe la opinión de los fiscales jefes que trabajan en Cataluña, que conocen su realidad social y jurídica. Todo antes de planificar lo que el Ministerio Fiscal pudiera tener que hacer en el futuro, si es que tiene que hacerlo.

-¿Es un mensaje preventivo, de confianza en la legalidad...?

-No, se ha producido como consecuencia del anuncio de unas decisiones, legítimas, por parte del Ejecutivo y del Parlamento catalanes, y del anuncio de otras medidas, igualmente legítimas, por parte del Gobierno español. Sería imprudente que el Ministerio Fiscal no se estuviera preparando por si se produce cualquier efecto o consecuencia derivada de ambas circunstancias. Nuestra obligación no solo consiste en actuar al filo de los acontecimientos, sino también, si es posible, anticiparse. Todo ello, en atención al principio de unidad de actuación y de dependencia jerárquica, que son dos mandatos constitucionales que integran buena parte del ADN, vamos a decirlo así, de la Fiscalía.

-¿Se enfrentan Artur Mas y los alcaldes que eventualmente pudieran sacar las urnas a la calle el 9-N a delitos de desobediencia o incluso de sedición?

-No lo sé, ignoro absolutamente el alcance de lo que va ocurrir, más allá de lo que parece evidente, que es la suspensión de la ley de consultas y de la decisión que pudiera tomarse sobre el decreto de convocatoria de la consulta. Nunca especulo sobre algo que no se ha producido y sobre lo que no sabemos ni el contenido ni el alcance que pueda tener.

-¿Tiene trazada ya la hoja de ruta ante los posibles escenarios en Cataluña?

-No es cuestión de hojas de ruta. Reitero que espero que no se produzca ninguna de las situaciones que se están barajando mediáticamente o a través de declaraciones, por las razones que ya he expuesto. Y en segundo lugar, vamos a esperar y ver si los actos que pudieran producirse tienen cabida o no en el Código Penal y la calificación que ese supuesto podría corresponder. Anticipar si estos hechos serán un delito u otro es muy prematuro y no conviene hacerlo.

«En absoluto»

-¿Cuánto le incomoda al fiscal general del Estado tener que hablar de la posible aplicación del Código Penal al presidente de una comunidad autónoma?

-No me incomoda en absoluto porque estoy seguro de que no voy a tener que ejercer esa obligación a la que me lleva el imperio de la ley. Pero si tuviera que hacerla, la ley es igual para todos. Todos los fiscales somos esclavos del imperio de la ley, estamos sometidos al principio de que justicia es igualdad y, por lo tanto, no es posible hacer ningún tipo de distingo. Si tuviera que llegar a esa situación, no me incomoda. Me produce la sensación de cumplir con una obligación que me impone la Constitución y que, si no la cumpliera, me sería demandado.

-Por lo tanto, Mas debe tener la certeza de que si desborda el orden constitucional, los poderes del Estado actuarán para impedírselo.

-El presidente Artur Mas, como cualquier otro ciudadano, está sujeto al imperio de la ley, y eso es un orgullo, igual que un derecho y un deber para cualquier ciudadano. Nosotros nos damos las leyes a través de nuestros representantes políticos legítimos y nosotros nos sometemos a las decisiones de los tribunales que forman parte del ejercicio democrático del imperio de la ley.

-Usted es madrileño de cuna. ¿Qué siente cuando ve a tantos catalanes en la calle diciendo que no se sienten representados por el Estado al que pertenecen?

-Como ciudadano, pero sobre todo como cabeza del Ministerio Fiscal, lo que me produce es respeto al ejercicio de uno de los más importantes derechos constitucionales, que es el de reunión, manifestación y libre expresión.

-¿Y por qué parece haber tantos catalanes dispuestos a saltarse la legalidad? Lo ha dicho el líder de Esquerra Republicana, que tiene un volumen de votos nada desdeñable detrás.

-Pues con todo el respeto que me merece cualquier declaración, dudo mucho de que los participantes en la Diada o en cualquier otra manifestación nacionalista tengan como objetivo saltarse la legalidad. Si eso fuera así, estaríamos entrando en un conflicto de convivencia y de ruptura del pacto social. Creo que se puede discrepar de las leyes, pero ignorar, dar el salto al otro lado de la legalidad, supone situarse en la marginalidad más absoluta respecto del pacto social. Fuera de la ley no hay nada.