Tras las huellas de George W. Bush

No hay nada que suscite más expectación que una declaración de guerra. La del miércoles no lo era, el Gobierno de Barack Obama prefiere llamarlo «operación antiterrorista», pero los 34 millones de estadounidenses que se agolparon frente a la televisión saben que Vietnam también empezó con el envío de «asesores militares». Por eso la audiencia televisiva del anuncio superó a la mayor parte de los discursos que haya dado el presidente norteamericano, e incluso alguna que otra ceremonia de los Oscar.

A menos de dos meses de las elecciones legislativas, Obama aprovechó el momento de atención para presumir de una recuperación económica que dejó a la mayoría rascándose la cabeza, pero lo que más indignó a sus seguidores fue lo que no dijo. El presidente ha elegido como justificante legal para sus nuevas acciones bélicas aferrarse a los poderes que otorgó el Congreso a George W. Bush tres días después de los atentados del 11-S para que utilizase «toda la fuerza necesaria y apropiada» contra los autores de esos atentados y quienes los albergaron. Una ley que también sirvió para justificar la invasión de Irak, aunque nunca se comprobó ninguna relación entre Sadam Husein y los atentados. La decisión del presidente Obama convierte la resolución del miedo en un peligroso cheque en blanco para declarar la guerra a capricho, que quedará al servicio de cualquiera de sus sucesores.

La oposición republicana en el Congreso ha protestado sin mucha convicción, más que nada porque no se le haya pedido una nueva autorización, pero en privado, demócratas y republicanos han respirado aliviados al saber que no tendrán que retratarse con un voto así a mes y medio de las elecciones. Donde más furor ha despertado es entre los intelectuales de izquierda, conscientes del peligroso precedente que se crea, y decepcionados por la traición de Obama. Apenas en mayo del año pasado había repudiado esa ley que calificó de «obsoleta» y propia de otros tiempos en los que se daban guerras tradicionales entre países. Entonces prometió rebatirla para que «no se nos arrastre a más guerras que no necesitamos luchar o se continúe dando poderes ilimitados a los presidentes». En lugar de eso le ha otorgado una nueva legitimidad.

Pagar la factura

El año pasado, cuando se planteaba atacar Siria como castigo por haber cruzado la 'línea roja' con ataques químicos a civiles, Obama entendió que ni en el tema de la guerra podía contar con el Congreso, lo que explica que esta vez no haya querido pedir autorización. Como en Libia, podía haber enmarcado su autoridad en la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, pero eso limitaría su acción a 60 días y Obama sabe que la «operación antiterrorista» contra el EI durará años.

El grupo armado que dice querer instalar un estado islámico se reproduce a ojos vista. Ayer mismo la CIA actualizó la estimación de sus fuerzas, que pasa de 10.000 en junio, cuando declararon un califato en Mosul, a entre 20.000 y 31.500 luchadores, de entre ellos unos 2.000 occidentales. El portavoz de la agencia de inteligencia Ryan Trapani atribuyó esté crecimiento a los éxitos que ha tenido en el campo de batalla, pero también a las «nuevas informaciones de inteligencia» que le permiten hacer mejores cálculo. En otras palabras, la CIA subestimó la fuerza del Estado Islámico, lo que a estas alturas ya no es ningún secreto. Si bien la estratagema de Obama le permitirá empezar los bombardeos sin autorización del Congreso, necesitará de su ayuda para pagar la factura, especialmente la del programa para entrenar a los rebeldes sirios, que requerirá 500 millones de dólares anuales (386 millones de euros) para entrenar a 3.000 milicianos.