Cien días de sombras en Tailandia

Desde que se hicieron con el poder a través de un golpe de Estado incruento hace cien días, los militares tailandeses se han esforzado al máximo por proyectar una imagen amable, ya sea organizando espectáculos musicales gratuitos o produciendo juegos para móvil en los que se glorifica a los soldados. La máxima que rige al nuevo ejecutivo del primer ministro Prayuth Chan-ocha, el general que lideró la asonada y que fue nombrado máximo dirigente político por un Parlamento lleno de uniformados con la connivencia del rey Bhumibol, es instaurar un régimen autoritario sin que lo parezca para mantener el apoyo que recibe de gran parte de los ciudadanos, evitar que los turistas huyan espantados y retener a las multinacionales que tanto necesita un país cuya economía se tambalea con tanto rifirrafe político.

Pero Amnistía Internacional demostró ayer que tras la amable sonrisa del nuevo dictador se esconde una turbia realidad. «Los centenares de detenciones arbitrarias, los informes de tortura y otros malos tratos, las amplias restricciones sobre la libertad de expresión y reunión pacífica y los juicios sin las debidas garantías ante tribunales militares están creando un clima de miedo en Tailandia y no hay señales de que vaya a remitir», aseguró la organización activista en un comunicado remitido junto a un extenso informe de 65 páginas en el que se detallan las violaciones de los Derechos Humanos cometidas por el Ejército desde el pasado 20 de mayo.

«Tres meses después del golpe militar, nuestras investigaciones dibujan un cuadro de violaciones de derechos humanos generalizadas y de gran alcance que el Gobierno militar sigue perpetrando», sentenció Richard Bennett, director del Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía. «Las autoridades tailandesas deben terminar con este alarmante cuadro de represión, poner fin a las violaciones de derechos humanos, respetar sus obligaciones internacionales y permitir la discusión y el debate abierto, todo lo cual es fundamental para el futuro del país», remató. Entre los hechos más relevantes denunciados por Amnistía Internacional, y corroborados por periodistas locales que aseguran temer represalias si informan de la situación, están las detenciones arbitrarias de todos aquellos que pueden resultar incómodos o peligrosos para el nuevo régimen. Eso incluye a los reporteros, pero también a académicos, estudiantes, políticos, y todo tipo de activistas. Según la ONG, la mayoría se enfrenta a juicios que se celebran sin las garantías legales básicas, y muchos han sido incomunicados en bases militares o en centros de detención no oficiales. Además en el informe se afirma que «recientemente se han denunciado casos de tortura».

Uno de ellos es el de Kritsuda Khunasen, que fue interrogada por sus visitas a presos políticos y por su participación en actos de los 'camisas rojas', leales a la depuesta primera ministra Yingluck Shinawatra: «Si era demasiado lenta respondiendo, no hablaba, no respondía a la pregunta directamente, o aseguraba que no sabía, recibía un puñetazo en la cara, la cabeza, el estómago, o cualquier otra parte de mi cuerpo. Pero lo peor que experimenté fue cuando me taparon la cabeza con una bolsa de plástico cuyos extremos ataron en el cuello y me cubrieron con otra bolsa de tela. Esto me hacía perder la consciencia y la recuperaba cuando me tiraban agua por encima».

Equipos de censura

Amnistía Internacional también denuncia el miedo que está provocando el cercenamiento de la libertad de expresión. «El Consejo Nacional para la Paz y el Orden -la Junta Militar- ha impuesto amplias restricciones sobre el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacíficab -se prohíben las de más de cinco personas-, que han tenido un efecto disuasorio sobre el debate público y han dado lugar a una autocensura generalizada», explica el informe. «Cientos de sitios web han sido desactivados o bloqueados, se han establecido equipos de censura para vigilar los medios de comunicación, y se ha amenazado con la cárcel a personas por publicar material que se consideraba crítico con el Ejército».

Ante esta situación Bennett fue ayer muy claro. «Tailandia tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que no puede pasar por alto en nombre de la seguridad nacional; las restricciones impuestas actualmente a las libertades son excesivamente amplias», criticó. No obstante, nada parece que vaya a detener a Prayuth en su implementación del peculiar proceso que ha diseñado para establecer una 'democracia real': primero creará un gabinete de 35 miembros que se aumentará a los 250 que tendrá el Consejo para la Reforma destinado a preparar las elecciones libres de finales del año que viene. Esa es la teoría, pero habrá que ver si finalmente decide abandonar el poder absoluto al que parece haberle cogido el gusto.