El PP aparta la elección de alcaldes del pacto de mejoras democráticas

No renuncia a sacar adelante la polémica reforma para que el cabeza de lista de la fuerza más votada sea el que gobierne en los ayuntamientos en las elecciones locales de 2015, pero el Gobierno ha accedido a separar un eventual diálogo sobre ese asunto de la negociación de las medidas para la regeneración democrática que ya han comenzado a tramitarse en el Congreso. Es lo que acordaron ayer el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y el portavoz del PP en la Cámara baja, Alfonso Alonso, durante su almuerzo con el nuevo portavoz del PSOE, Antonio Hernando, el primero de la ronda de contactos que el Ejecutivo pretende celebrar con los grupos parlamentarios para tratar de impulsar reformas institucionales encaminadas a recuperar la confianza de los ciudadanos en la política.

El Gobierno insiste en que nada se paraliza, pero fuentes del PSOE avisan de que en esas conversaciones paralelas -que además no tendrán lugar en el Congreso sino en el ámbito de los partidos- su posición será radicalmente contraria a la elección directa de alcaldes en los próximos comicios. Es más, anticipan que si los populares optaran por sacar adelante en solitario una modiciación legislativa de ese calado considerarían «dinamitado» el diálogo sobre las medidas de mejora de la calidad democrática. Un diálogo que, en principio, se centrará en los dos proyectos de ley ya aprobados por el Gobierno, el de la actividad financiera de los partidos y el del ejercicio del cargo público, y en las propuestas que deseen plantear el resto de fuerzas políticas.

En el Ejecutivo, que hasta ahora parecía enrocado en la reforma electoral del mundo local, hablan, en todo caso, de «buen ambiente». Lo imprescindible, dicen fuentes del encuentro, era crear un clima de diálogo propicio para el acuerdo. «Es bueno para las instituciones, para los ciudadanos y para nosotros», apuntan. Una vez superado el escollo que podría haber bloqueado las conversaciones, el objetivo es poder aprobar al final de este periodo de sesiones, a finales de diciembre, el paquete de reformas en el que probablemente se incluirán también asuntos como la limitación de los aforamientos parlamentarios, el calado de los indultos, las materias sobre las que cabe la iniciativa legislativa popular o el momento en el que un cargo público investigado por la Justicia debería ser cesado.

Controles y límites

Los populares recuerdan que no se parte de cero y defienden lo hecho hasta la fecha: la reducción de la subvención del Estado a los partidos, la limitación de las donaciones y la prohibición de condonar de deudas bancarias por encima de 100.000 euros al año; la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que debería entrar en vigor a final de año; la introducción de un nuevo tipo en el Código Penal para sancionar las conductas de ocultación, simulación y falseamiento de las cuentas o la supresión de las cesantías de ex altos cargos, en caso de que perciban otra retribución, y la limitación de los sueldos e indemnizaciones de responsables de empresas públicas y entidades bancarias intervenidas.

Los nuevos proyectos de ley que ahora se discutirán en comisión plantean, entre otras cosas, prohibir las donaciones de empresas a los partidos y más supervisión de los órganos fiscalizadores y del Parlamento. Y en lo que se refiere a los altos cargos, el requisito de no tener antecedentes penales por delitos graves, como el terrorismo o mayor control de su situación patrimonial a fin de evitar un enriquecimiento espurio.

En cuanto al estudio de la ley electoral, el Gobierno se abre también a dialogar sobre todo aquello que deseen el resto de fuerzas políticas y no exclusivamente sobre la elección del alcalde. UPyD e IU reclaman, por ejemplo, mayor proporcionalidad y el PSOE pretende que todos los partidos designen a sus cabezas de lista a las generales por primarias y listas desbloqueadas.