El PP denuncia el «recorte encubierto» que supondrá el cierre de camas

La diputada andaluza del PP, Carmen Pedemonte, aseguró ayer que la situación sanitaria de la provincia de Cádiz «no tiene cura» tras un año de gobierno de Susana Díaz en la Junta de Andalucía. A juicio de los populares «en vez de avanzar, ha empeorado notablemente» la sanidad en estos últimos meses.

Pedemonte considera que tras el cambio de titularidad en la Consejería de Salud, «el balance de la sanidad durante el verano no ha podido ser más lamentable», recordando el «cierre de camas hospitalarias, el cierre de los centros de salud por las tardes, la no suplencia del personal de vacaciones y la saturación de las urgencias», entre otros aspectos negativos.

Desde el PP se destacó ayer lo adelantado por LA VOZ el pasado sábado, con el dato del cierre de 3.200 camas en el verano de 2014, por las 2.800 camas que se cerraron en hospitalarias en 2013. Asimismo, Pedemonte ha apuntado que «no todas las camas hospitalarias que se cierran durante el verano se vuelven abrir», pues «de las más de 500 camas que se cerraron en la provincia a principios del verano aún quedan 270 cerradas», apuntó.

A su juicio, «se trata de un recorte más encubierto de la Junta de Andalucía», cuya gestión en materia sanitaria en la provincia de Cádiz calificó de «catastrófica». En este sentido, Pedemonte aseguró que «el Gobierno andaluz no hace política sanitaria, sino que hace política con la Sanidad».

Pedemonte ha criticado también la situación de los centros de salud, recordando que «durante el verano la Junta ha tenido cerrados por las tardes el 83% de estos centros en Andalucía».

Igualmente, ha aludido a los «incumplimientos» que en estas infraestructuras sanitarias mantiene el Ejecutivo andaluz en Cádiz, citando «la paralización y el abandono de proyectos como el Centro de Salud de la Zona Norte en El Puerto, el Centro de Salud de Camposoto en San Fernando, o el Madre de Dios y Jerez Norte en Jerez, entre otros muchos».

Por otro lado, desde el PP se ha criticado «la situación laboral en la que se encuentran los eventuales», a los que la justicia ha empezado a darles la razón. En este sentido, los populares piden a la Junta que se regularice su situación y se les dé «estabilidad y garantías laborales».