Ucrania mantiene un difícil alto el fuego

El contenido detallado del protocolo de 12 puntos firmado el viernes en Minsk (Bielorrusia) para solucionar el conflicto en el este de Ucrania se dio a conocer ayer. Incluye varios aspectos que no fueron anunciados de inmediato el día que se consensuó, por ejemplo, el punto tres, que compromete a Ucrania a aprobar una ley de «estatus especial» descentralizadora para que en determinadas zonas de Donetsk y Lugansk sea posible establecer un régimen de autogobierno, y el punto nueve, que obliga a convocar elecciones locales anticipadas en estas dos regiones rebeldes.

Pero los líderes separatistas interpretan que tal descentralización debe incluir la posibilidad de total secesión. En una entrevista a la agencia rusa RIA-Nóvosti, el jefe de la autoproclamada república de Lugansk, Ígor Plotnitski, sostiene que ellos no han renunciado a la independencia. «La ley debe otorgarnos libertad para el autogobierno y el derecho a crear milicias populares armadas para el mantenimiento del orden público», asegura Plotnitski.

Sin embargo, el punto diez del protocolo estipula que «los grupos armados ilegales, el armamento pesado y todos los combatientes y mercenarios deben ser retirados del territorio ucraniano». «Hay que aclarar qué formaciones armadas deben ser consideradas ilegales. Nosotros estimamos que la Guardia Nacional -de Ucrania- es un grupo armado ilegal», recalca el dirigente rebelde. Según sus palabras, tuvieron que aceptar «a regañadientes» algunos puntos del documento para lograr la paz.

Otra cuestión polémica es la relacionada con el punto cuatro del protocolo, que establece la creación de una zona de seguridad en la frontera con Rusia. Su vigilancia deberá ser realizada por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). «¿Qué es una zona de seguridad en la frontera de nuestras repúblicas con Rusia?», se pregunta Plotnitski y advierte que no permitirán que a las zonas fronterizas con Rusia, controladas ahora por la milicia prorrusa, accedan fuerzas ucranianas.

Tales discrepancias auguran dificultades para el mantenimiento del alto el fuego y serios problemas en las negociaciones que deberán continuar en las próximas semanas. El segundo día de la tregua volvió a registrar enfrentamientos de los que las dos partes se culpan mutuamente. Kiev responsabiliza a los insurgentes de la muerte de una mujer de 33 años, alcanzada por una granada de mortero en Mariúpol. El ataque produjo además tres heridos.

La ofensiva contra la ciudad portuaria comenzó la semana pasada y parece que, pese al acuerdo de alto el fuego, los separatistas no se proponen renunciar a ponerla bajo su control. El cañoneo de la artillería rebelde se intensificó la noche del sábado y continuó durante gran parte de ayer domingo. El Ejército ucraniano sigue reforzando sus defensas en todo el perímetro este de la ciudad. Por su parte, los prorrusos aseguran que la artillería ucraniana volvió ayer a bombardear Donetsk, algo que Kiev desmiente. Pese a estas supuestas violaciones de la tregua, ambas partes señalan que continúan determinadas a respetarla en adelante.

Sanciones a estudio

Mientras tanto, el Ministerio de Exteriores ruso ha advertido en un comunicado que, si la Unión Europea decide hoy adoptar contra Rusia un nuevo paquete de sanciones, Moscú responderá con un otro embargo. Rusia ha vetado ya los productos agroalimentarios procedentes de la UE y, según ciertas informaciones, las prohibiciones podrían extenderse también a la industria ligera.

El todavía presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, dijo ayer que Bruselas estaría dispuesta a levantar las sanciones impuestas a Rusia si el alto el fuego entre las tropas ucranianas y la milicia prorrusa se cumple de manera duradera y las partes inician realmente negociaciones de paz.

«Nos dimos cuenta de que Rusia sólo accede a negociaciones serias con dificultades», subrayó Van Rompuy en una entrevista en la cadena de televisión flamenca VRT recogida por la Agencia Belga. Según el presidente del Consejo Europeo, la economía de Rusia, acusada por el Gobierno de Kiev y los países occidentales de apoyar militarmente a los separatistas del este de Ucrania, ya sufre sensiblemente los efectos de las sanciones internacionales, al «estar en recesión».