Tres siglos y once días

Los escoceses acudirán en once días a las urnas para marcar con una cruz la casilla del 'sí' o del 'no' en una papeleta en la que se les pregunta '¿Debe Escocia ser un país independiente?'. Una mayoría simple del 'sí' pondría fin a Gran Bretaña, nacida en 1707 de la fusión de los parlamentos de Edimburgo y Londres, y abriría una negociación para crear un Estado escocés independiente de lo que sería el Reino Unido de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte.

La población de Escocia en 2013 era la más alta jamás contabilizada en los censos, 5.327.700 habitantes, una novena parte del actual Reino Unido. Unos cuatro millones y medio de residentes tienen derecho a voto, incluyendo a los 124.000 de 16 y 17 años que votan por primera vez en esta consulta, regulada por una ley pactada por los Gobiernos de Londres y de Edimburgo.

Los líderes políticos prevén una alta participación y algunos grupos de partidarios del 'sí' a la independencia han sido muy activos animando a los posibles votantes a registrarse en el censo electoral del Ayuntamiento en el que residen. Aunque no se conoce aún la cifra exacta de votantes censados, los funcionarios locales hablan de un gran número de solicitudes antes del cierre, el pasado martes.

Votarán los residentes en Escocia, incluyendo a los procedentes de otros lugares de Reino Unido, de la Unión Europea y de países de la Commonwealth. Pero no pueden votar los escoceses residentes en otros lugares de Reino Unido (unos 800.000) y otros 400.000 expatriados en otros países.

Es la tercera consulta y la de más profundas consecuencias que se celebra en Escocia sobre un cambio constitucional. En 1979, en los últimos días del Gobierno laborista Callaghan, los escoceses ya votaron en favor de una autonomía que creaba de nuevo el Parlamento de Edimburgo. La Ley de Escocia y la orden del referéndum fueron finalmente aprobadas.

Aplacar o creer

El plan de autonomía -o 'devolución', en el idioma político británico- era la lentamente cocinada respuesta de los laboristas, con apoyo de algunos líderes conservadores, como el ex primer ministro Edward Heath, a la elección, en 1967, de una diputada independentista, Winnie Ewing, en lo que era un bastión de su partido, y al avance electoral posterior del Partido Nacional Escocés (SNP).

Laboristas y conservadores estaban divididos sobre la conveniencia de la autonomía. La mayoría parlamentaria se logró tras incluir la condición de un referéndum previo. Luego, un diputado laborista logró respaldo para que la victoria de tal cambio constitucional tuviese que contar al menos con el 40% de todo el electorado. Ganó el 'sí' con un 51,6% de los votos emitidos, pero con una participación del 63,8%, la autonomía no llegó al umbral exigido en la ley.

En las décadas de los ochenta y noventa del siglo XX, mientras Margaret Thatcher gobernaba en Londres, hubo una amplia convergencia en la sociedad escocesa en torno a la necesidad de autonomía. Una campaña por la restauración del Parlamento derivó en la creación de una Convención Constitucional, que agrupó a los partidos Laborista y Liberal-Demócrata, a otros pequeños grupos, a representantes de las iglesias, a la coordinadora de los sindicatos escoceses y otros.

Esa convención, de la que se apartó el SNP por no aceptarse la inclusión de la independencia como una posible alternativa constitucional, creó las bases del programa de los laboristas de Tony Blair que, en 1997, menos de cuatro meses y medio después de entrar en Downing Street, convocaron un referéndum en Escocia, el 11 de septiembre, en el que se preguntaba de nuevo por la autonomía.

Los electores tenían que marcar esa vez sus opciones en dos preguntas, con dos alternativas. La primera pregunta ofrecía estas dos ideas: 'Estoy de acuerdo con que haya un Parlamento escocés' y 'No estoy de acuerdo con que haya un Parlamento escocés'. La segunda pregunta ofrecía la misma redacción positiva y negativa a la proposición de que el Parlamento tuviese poder para variar los impuestos.

La primera pregunta se saldó en favor de la creación del Parlamento (74,3% contra 25,7%) y la segunda, por 63,5% contra 36,5%. El Partido Conservador fue el único importante que se opuso a la autonomía.

Gobernada tras las dos primeras elecciones por coaliciones de laboristas y liberal-demócratas, Escocia otorgó al SNP una mayoría insuficiente en 2007. El partido de Alex Salmond buscó un acuerdo para celebrar la consulta que su partido había prometido en el programa electoral. Los dos partidos en la oposición rechazaron el pacto.

En 2011, con una participación que superó por muy poco la mitad del censo, 902.915 electores escoceses dieron al SNP la mayoría parlamentaria absoluta que necesitaba para promover el referéndum sobre la independencia, que, según el libro blanco que había publicado antes el Ejecutivo escocés, tendría tres opciones: la situación actual, una extensión máxima de la autonomía y la independencia.

El Gobierno de Londres frenó la ambición de Salmond, ministro principal en Edimburgo, de convocar esa consulta, puntualizando que el reparto de atribuciones de la ley de 1998 que fundamenta la autonomía dice que las cuestiones constitucionales son materia reservada para el Ejecutivo británico.