El Supremo pregunta a la Fiscalía si imputa a Chaves y Griñan por los ERE

El Tribunal Supremo no ha dejado pasar muchos días desde el inicio del curso para pedir a la Fiscalía que le informe acerca de si es competente para investigar, y llegado el caso imputar, a los aforados relacionados con el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía, entre ellos los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, considera que todos ellos fueron partícipes de alguna manera de la implantación en la administración regional de un sistema inadecuado que permitió dar ayudas de forma arbitraria y al margen de cualquier intento de fiscalización.

La petición del Supremo designa también el ponente del asunto, que de acuerdo al turno preestablecido en la Sala recae en el magistrado Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, que firma dicho requerimiento junto con el presidente de la Sala, Juan Saavedra, y el magistrado José Manuel Maza, integrantes de la Sala de Admisión. Se trata de un trámite habitual en las causas que llegan al alto tribunal antes de decidir sobre su admisión, y ahora será la Fiscalía quien se pronuncie sobre si el Supremo debe asumir la causa, retener solo la parte que afecta a los políticos o devolverla a la juez para que termine la instrucción.

En sus últimos escritos el Ministerio Público se mostró favorable a que la causa, que suma ya 207 imputados y cientos de miles de folios de instrucción, fuera desgajada y la parte más política se elevara cuanto antes al Supremo para evitar que «los hechos puedan quedar impunes por el mero transcurso del tiempo».

«Suficientes»

Asimismo, la Fiscalía ha dejado entrever que se inclinará por abrir una investigación en el alto tribunal a raíz del informe elaborado por la Intervención General del Estado, que a juicio del Ministerio Público «proporciona elementos más que suficientes» para ello. Dicho informe apuntala la tesis de Alaya y considera «inadecuado» e «improcedente» el uso de las transferencias de financiación para pagar ayudas sociolaborales, y reprocha que por ejemplo la Intervención de la Junta o los consejeros de Hacienda (Griñán entre ellos) no pararan las irregularidades. También censura la gestión y vigilancia de las ayudas concedidas. No obstante, si el Supremo sigue adelante y abre una instrucción deberá aclarar si se trata de irregularidades administrativas o, como mantiene Alaya, se convierten en delito y por tanto con consideración penal.

En este sentido, y tras saltar el escándalo de los ERE, el Ejecutivo andaluz inició una revisión de todas las ayudas concedidas por esa vía con cargo al denominado «fondo de reptiles» (dotado de 721 millones de euros). Según precisó ayer mismo el consejero de Economía, se han revisado 195 de las 211 ayudas directas y sociolaborales concedidas, y los funcionarios y el Consejo Consultivo cifran en 71 millones los que deben ser devueltos por presentar irregularidades. Hasta el momento solo se ha recuperado 1,2 millones en periodo voluntario.

La juez instructora desgranó en cerca de 300 folios remitidos al alto tribunal el pasado mes de agosto los indicios que a su juicio se acumulan contra la cúpula de la Junta de Andalucía, desde los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán hasta los exconsejeros de las áreas de Economía, Hacienda, Empleo e Innovación durante la pasada década: José Antonio Viera, Manuel Recio, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Francisco Vallejo. Todos ellos fueron ya hace un año invitados a personarse en la causa al darse indicios en su contra, dado que la juez no tenía competencias para interrogarles. De forma sorpresiva, Alaya también incluyó en su escrito al Supremo a los responsables de Presidencia Gaspar Zarrías (vinculado además en la instrucción al presunto conseguidor Juan Lanzas) y Mar Moreno.

Alaya insiste en su escrito ante el Supremo que la decisión de implantar las transferencias de financiación -una fórmula usada generalmente en las administraciones para equilibrar cuentas de empresas públicas- fue «marcadamente política» y adoptada por la cúpula de la Junta porque permitía dar ayudas públicas de forma «arbitraria» y con «ausencia absoluta de trámite administrativo, de fiscalización previa, de bases reguladoras y de criterio».