«¿Qué prisión elegiría para cumplir la condena? Qué pregunta más simpática»

«Qué pregunta más simpática». Esta fue la respuesta que el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, dio a una periodista que le preguntó si tenía preferencia por algún centro penitenciario concreto para cumplir su pena si, finalmente, la Audiencia provincial no suspendía su ingreso en prisión hasta que el Gobierno resuelva su petición de indulto.

Fabra acudió ayer a la Ciudad de la Justicia de Castellón para que le fuese comunicada la fecha de su entrada en la cárcel. No obstante, el también expresidente del PP castellonense había reclamado que el ingreso se paralizase hasta que el Ejecutivo decida si le concede o no la medida de gracia que solicitó el pasado viernes, por lo que la Audiencia no pudo notificarle la fecha. En su lugar, trasladó a las partes la petición de Fabra de suspender su ingreso en prisión de forma cautelar, para que se pronuncien al respecto. Las acusaciones dispondrán de tres días para presentar sus alegatos, por lo que no será hasta la próxima semana cuando el exmandatario popular conozca si va o no a la cárcel antes de que el Gobierno se pronuncie sobre el indulto.

El exdignatario, sobre el que pesa una condena de cuatro años por estafar más de 693.000 euros a la Hacienda Pública entre 1999 y 2003, dijo que se había «acogido al derecho constitucional de pedir el indulto». Aunque lo cierto es que está empleando todas las argucias burocráticas y judiciales a su alcance con el fin de retrasar su ingreso en prisión, ya que tanto el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, como el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, se mostraron en su día contrarios a concederle el perdón.

Si con algo se mostró comprometido Fabra fue con la obligación de hacer frente a la multa de 693.000 euros que acompaña a su pena de cárcel, para lo cual el expresidente puso a disposición del juzgado una relación de bienes embargables de su propiedad.

El TSJCV no dio detalles sobre el pago de la responsabilidad civil que debe asumir Fabra para subsanar el daño causado, porque «su ejecución le corresponde a Hacienda», señalaron fuentes judiciales.