Suspendida la declaración de Calatrava porque no recibió la citación oficial

El juez que investiga las supuestas irregularidades de contratación en el proyecto de construcción del centro de convenciones de Castellón suspendió la declaración que debía prestar ayer Santiago Calatrava. El arquitecto valenciano debía comparecer en calidad de imputado. La cancelación llegó después de que Calatrava no se personase en el juzgado porque no había recibido la citación correspondiente.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana reconoció que no había podido notificar al imputado que debía comparecer, aunque decidió mantener su declaración por si el arquitecto optaba por presentarse al haberse enterado por otra vía.

Según informó el tribunal, el abogado de Calatrava telefoneó a la Audiencia de Castellón para anunciar que su cliente tenía intención de personarse en el juzgado para que le fuera entregada la citación. Por lo que, cuando Calatrava se presente, se fijará una nueva fecha para tomarle declaración.

La construcción del centro de convenciones de Castellón fue anunciada en 2008, proyecto por cuyo diseño y redacción Calatrava se embolsó 2,7 millones de euros. No obstante, nunca llegaría a materializarse. El Gobierno valenciano decidió suspender su ejecución en 2012 debido a las restricciones económicas de la crisis.

Ignacio Blanco, el portavoz adjunto de Esquerra Unida en las Cortes valencianas, formación que denunció el caso en 2011 y está personada en la causa como acusación particular, criticó que Calatrava no se hubiera presentado a declarar. «Es curioso lo rápido que acudía a hacerse fotos con Francisco Camps, Eduardo Zaplana o Carlos Fabra y lo difícil que es encontrarlo para que rinda cuentas ante la justicia», dijo el portavoz.

Blanco acusó al arquitecto de modificar «un presupuesto que era de 60 millones de euros» para elevarlo a «90 millones, justificándose en una petición del Ayuntamiento de Castellón, que en ese momento tenía a (el actual presiente de la Generalitat) Alberto Fabra de alcalde». Asimismo, exigió a Calatrava que explicase por qué el contrato «se adjudicó a dedo, sin concurso público y por qué tiene unas condiciones absolutamente privilegiadas y que no tiene ningún otro contratista de la Generalitat valenciana».

Blanco consideró «necesario que se asuman responsabilidades políticas y penales en un caso de malversación de fondos públicos».