Matas evadió una «importantísima» fortuna a Estados Unidos

La cantidad exacta se desconoce, pero los datos remitidos por las autoridades judiciales de Estados Unidos apuntan a que Jaume Matas utilizó un entramado de testaferros y empresas para evadir lo que la Guardia Civil califica de «importantísimas cantidades de dinero» negro proveniente de comisiones. Sumas que cobró fundamentalmente por la adjudicación de obras públicas durante su último mandato, entre 2003 y 2007, entre ellas el velódromo de la capital balear.

Los cerca de 300 folios de la pieza hasta ahora secreta instruida por el juez palmesano José Castro a los que ha tenido acceso este periódico incluyen infinidad de transferencias entre 2008 y 2009 desde la cuenta en Bancaja Miami de Aremas, una supuesta consultora que Matas creó en 2007 en Washington cuando dejó la política en España tras perder el Gobierno balear, a depósitos a nombre del propio expresidente, su mujer, María Teresa Areal, en entidades españolas y en bancos de norteamericanos como el United Bank de Washington. Sin embargo, ni las autoridades judiciales y bancarias de Estados Unidos ni los investigadores españoles tienen la certeza en esos documentos del montante de dinero supuestamente evadido por el exministro de Medio Ambiente del Gobierno de José María Aznar.

El informe de la Guardia Civil, que en noviembre de 2010 dio lugar a la apertura de la investigación internacional hasta ahora secreta sobre el patrimonio de Matas, insiste en que «hay fundadas sospechas de la posible evasión del capital amasado durante su estancia en la política». Es más, ese documento firmado por el capitán jefe de la Policía Judicial del instituto armado en Baleares, Bartolomé del Amor, revela que hay pruebas de que el imputado «desvió importantísimas cantidades de dinero -provenientes de las obras públicas realizadas (Palma Arena y otras) y de cohechos de adjudicaciones irregulares- a paraísos fiscales o terceros países».

Los investigadores sostienen que es muy probable que el expresidente balear usara durante años «testaferros o entramados societarios», sobre todo en Estados Unidos.

Los documentos ahora desclasificados revelan además que la investigación sobre el capital de Matas al otro lado del Atlántico que dirige Castro afecta a diez personas físicas, entre ellas la mujer y los tres hijos del imputado, amigos y allegados del exministro, además de la empresa Aremas de Washington.

«Desmesurado»

La Guardia Civil, en sus informes al juez, reitera que en modo alguno el dinero que Matas recibió como presidente del Gobierno autonómico -60.000 euros anuales- y luego, ya en Estados Unidos, como directivo de la cadena hotelera española Barceló y también de la consultora Price Water House Coopers, explican su «desmesurado» patrimonio y alto nivel de vida. Un patrimonio «ingente» por el que el expresidente balear sigue sin rendir cuentas ante la justicia cinco años después de que estallara el 'caso Palma Arena'.

El informe hace un resumen exhaustivo de las posesiones del matrimonio, empezando por el palacete en el centro de Palma, que el exministro compró a través de una «trama societaria»y a precio de saldo. «El precio de adquisición del metro cuadrado que se declaró es más propio de una vivienda social o protegida, cuando en realidad se trata de un conjunto histórico de gran valor arquitectónico de estilo italiano del siglo XVI que la propia Agencia Tributaria cifra en 2,5 millones de euros a precio de catastro», llega a afirmar el instituto armado.

La Guardia Civil revela que, además del famoso palacete, Matas tiene una vivienda en el acomodado barrio de Salamanca de Madrid que ocupaban sus hijos. Ese inmueble está a nombre del exconseller Bartolomé Reus, si bien los investigadores consideran que se trata de un mero testaferro del expresidente.

Hay una tercera vivienda que, sostiene la Guardia Civil, el exgobernante insular compró usando como parapeto a su anciana madre. Se trata de un chalet ubicado en la costa de Mallorca, en la Colònia de Sant Jordi. En 2002 la madre de Matas, que por entonces contaba con 82 años, consiguió que el banco le concediera una hipoteca a 20 años de una cuota de 2.500 euros mensuales, a pesar de que la anciana cobraba «una mínima pensión de contribución y viudedad». «Una nueva artimaña para ocultar el verdadero patrimonio», concluyen los investigadores en el informe ahora desclasificado por el juez Castro.