El Gobierno cita el lunes al PSOE para hablar de regeneración democrática

Mientras en el Congreso el ministro de Hacienda desgranaba un duro alegato contra Jordi Pujol, el Parlamento de Cataluña requería explicaciones al expresidente de la Generalitat sobre su dinero oculto y trascendía la presunta evasión de capitales a Estados Unidos del expresidente balear Jaume Matas, el Gobierno puso fecha para empezar este mismo lunes la ronda de contactos con las fuerzas políticas para discutir las medidas de regeneración democrática a pesar de la mala acogida que, en general, han tenido sus propuestas.

El secretario de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, se enfrenta a la ardua tarea de labrar un consenso entre posturas que hoy están muy lejanas. «En las antípodas», precisó hoy el líder del PSOE, Pedro Sánchez. El Gobierno se ha dado un plazo de dos meses para acercar posiciones sobre el proyecto de ley de control de la actividad económica y financiera de los partidos, el de regulación del ejercicio de los altos cargos y la reforma de la ley electoral. En estos textos legislativos se incardinarán medidas como la limitación del aforamiento, un asunto en el que existe disparidad de criterios entre el Gobierno y el PP, la transparencia en la concesión de los indultos, limitación de los gastos electorales, la supresión de las donaciones y la designación como alcalde al candidato de la lista más votada.

Ayllón hizo oídos sordos a las exigencias de algunas fuerzas de retirar propuestas como la elección directa de los regidores porque «si antes de empezar» a discutir hay que dejar fuera de la negociación alguna iniciativa «no sería un acto legítimo». Pero a pesar de las indudables diferencias, el número dos de Soraya Sáenz de Santamaría confió que «nadie diga no antes de escuchar» lo que tiene que decir el Gobierno. La propia vicepresidenta instó a todas las fuerzas políticas a participar en el diálogo porque negarse a conversar, como hará Izquierda Unida o como amaga el PSOE, «no parece el mejor procedimiento» para mejorar la calidad de la democracia y para contribuir a la regeneración democrática. También el portavoz popular en el Congreso, Alfonso Alonso, instó a los socialistas a que buscasen «excusas para no hablar» y retó su secretario general a que «acredite su capacidad de liderazgo» en la mesa de negociaciones.

El Ejecutivo propone un sistema mixto de diálogo con contactos bilaterales para explorar los puntos de encuentro y converger después todos los grupos en un foro multilateral. El primer citado será el nuevo portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, aunque su asistencia es una incógnita por el profundo desacuerdo de su partido con las iniciativas gubernamentales, sobre todo con la nueva fórmula de elección de alcaldes. Pedro Sánchez tampoco aclaró cuál será la actitud del PSOE aunque insistió desde Mérida en el «escaso margen» que hay para pactar medidas de regeneración democrática con un Gobierno que «recorta derechos y libertades». Defendió además su propia agenda regeneradora, que establece, entre otras medidas, la obligatoriedad de las primarias en los partidos o la limitación de los mandatos.

«Marear la perdiz»

La que no va a sentarse a hablar con el Gobierno es Izquierda Unida porque considera, en palabras de su portavoz parlamentario, José Luis Centella, que Mariano Rajoy solo busca poner «un punto final» a sus escándalos de corrupción. Se trata, agregó, de «marear la perdiz». La postura de la coalición es muy probable que sea secundada por fuerzas como Esquerra Republicana, Amaiur o Bloque Nacionalista Galego.

La invitación, en cambio, recibió una respuesta positiva de CiU y UPyD. Los nacionalistas catalanes sostuvieron que «nunca» se han negado a conversar sobre iniciativas legislativas, pero reclamaron al Ejecutivo que no dé por hecho que su disponibilidad se traducirá en un apoyo a las medidas. La portavoz de UPyD, Rosa Díez, garantizó que estará en la mesa para «dar la batalla» y sin buscar «disculpas» para ausentarse aunque el Gobierno proponga iniciativas que no comparte, entre ellas la reforma electoral municipal.