Dimite el jefe de la Policía de Madrid tras ser acusado de homicidio imprudente

El jefe de la Policía Municipal de Madrid, Emilio Monteagudo, renunció ayer a su puesto después de que el juez que instruye el 'caso Madrid Arena' decidiera sentarlo en el banquillo acusado de cinco homicidios por imprudencia grave, lo que podría acarrearle una pena de hasta cuatro años de prisión. Junto a Monteagudo el magistrado Eduardo López-Palop acusa a otras quince personas, entre ellas el principal imputado, el empresario Miguel Ángel Flores, y el jefe médico que prestó servicio en el Madrid Arena la noche del 1 de noviembre de 2012 en la que cinco jóvenes fallecieron asfixiadas.

En un auto hecho público ayer, el instructor achaca al exresponsable de la Policía Municipal que no ordenara disolver el macro botellón ilegal que durante horas se celebró a las puertas del edificio donde se produjo el siniestro. Para el juez, este hecho tuvo «una importancia decisiva como desencadenante de la tragedia que posteriormente habría de producirse». El magistrado apunta que miles de personas que participaban en el botellón entraron en el Madrid Arena cuando comenzó el concierto del 'Dj' Steve Aoki, lo que agravó aún más el sobreaforo ya existente en el interior del recinto. A ello suma el hecho de que la concentración de gente en el exterior impidió el acceso de las ambulancias que se enviaron a socorrer a las cinco jóvenes fallecidas. «La Policía Municipal no evitó, ni palió ni aminoró -el macro botellón- sino que tuvo una actitud que benévolamente puede ser calificada de contemplativa y en todo caso muy alejada de sus estrictas obligaciones», censura el auto. Añade que el dispositivo desplegado, del que el máximo responsable fue Monteagudo, fue «penoso» y «absolutamente impropio de la Policía Municipal de una ciudad cercana a los cuatro millones de habitantes y capital de España».

Sobreaforo

Monteagudo deberá responder de los mismos cargos que Flores. Para el instructor, el empresario es responsable del sobreaforo que fue causa última de la tragedia. Recuerda que pese a que el Madrid Arena sólo tenía capacidad para 10.620 personas se localizaron hasta 23.000 entradas y que en algunos momentos en el interior del edificio público pudo haber hasta 30.000 jóvenes. López-Palop también acusa a Flores de actuar con mala fe en tanto y cuanto mandó a sus empleados ocultar las entradas con el fin de que no saliera a la luz el sobreaforo, «del que era plenamente consciente».

El auto también se muestra contundente respecto a la actuación del doctor Simón Viñals y su hijo Carlos, a los que se imputan tres homicidios por imprudencia grave profesional. El juez describe la enfermería donde fueron atendidas tres de las víctimas como «un cuarto trastero, sin ventilación ni luz suficiente, un aspecto realmente sorprendente en un país civilizado en pleno siglo XXI y sin agua corriente». López-Palop achaca a Viñals el hecho de haber accedido a hacerse cargo de los servicios médicos sin que existieran los medios humanos y materiales necesarios. Incluso le reprocha que una de las chicas fuese reanimada por los efectivos del Samur minutos después de que Viñals la hubiese dado ya por fallecida.

El resto de acusados son los responsables de las empresas Seguriber, Kontrol 34 y Madrid Espacios y Congresos, que debían velar por la seguridad en el interior y el exterior del recinto. López-Palop no encuentra responsabilidad en ninguno de los responsables políticos, entre ellos los exediles Antonio de Guindos y Fátima Núñez.