Cospedal enmienda la plana a Gallardón y rechaza reducir los 17.000 aforados

Los equipos que elaboran las propuestas para un pacto de Estado de regeneración democrática en el Gobierno y en el PP o no mantienen reuniones conjuntas o si lo hacen discrepan en casi todo. A la vista de las afirmaciones de unos y otros se puede decir que el Ejecutivo y el partido que lo sustenta tienen proyectos diferentes, en algunos casos incluso divergentes, a la hora de reformar la figura del aforamiento, la prerrogativa que permite a más de 17.000 representantes y responsables políticos, jueces y fiscales ser juzgados solo por el Tribunal Supremo o los tribunales superiores de justicia, según los casos, y no por el juez ordinario, como ocurre con el resto de ciudadanos.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, después de debatir el asunto con el comité de dirección del partido, enmendó ayer la plana al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al asegurar que la propuesta que quieren pactar este otoño con el resto de grupos parlamentarios no busca reducir el número de aforados en España sino, fundamentalmente, acotar este privilegio. Que el fuero ante un tribunal superior se restrinja a los hechos realizados en el estricto ejercicio del cargo -fundamentalmente vinculados a la libertad de expresión y opinión- y no, como ocurre ahora, a los delitos o demandas de naturaleza privada, de los que cree que, tras la reforma legal que defiende, deberían responder, como el resto de españoles, ante el juez ordinario. «No podemos ir del mucho a la nada», comentó la número dos popular como resumen de su criterio.

Lo opuesto a lo que el ministro de Justicia dijo el viernes, en una entrevista en 'El País'. Ruiz-Gallardón aseguró que su deseo es dejar los 17.621 aforados que existen en solo 22. A saber, los miembros de la Familia Real, los presidente del Congreso, el Senado, el Supremo y el Constitucional, así como los del Gobierno central y de los autonómicos.

El ministro reconoció que su propuesta tiene una alta complejidad técnica y requiere de un muy amplio consenso político porque para retirar el fuero específico a miembros del Gobierno central, diputados y senadores es precisa una reforma exprés de la Constitución, que les otorga el derecho, y para hacer lo propio con los parlamentarios autonómicos y los componentes de sus ejecutivos hay que modificar, también, los apartados de los estatutos de autonomía que se lo garantizan. Este bloque de aforados políticos suma unas 2.350 personas.

¿Número o alcance?

Gallardón sí que veía mucho más sencillo suprimir la prerrogativa a los algo más de 15.250 juristas que la tienen -jueces, fiscales y jueces de paz-, ya que basta con cambiar los artículos de la ley orgánica del Poder Judicial que se la concede que, a diferencia de la reforma constitucional, que requiere de mayorías de tres quintos en Congreso y Senado, se puede alterar por una mayoría absoluta como la que tienen los populares en ambas cámaras. Con esta misma reforma legal se podría retirar también el aforamiento a los miembros del Tribunal de Cuentas, del Consejo de Estado y al Defensor del Pueblo.

Pero la enmienda casi de totalidad de Dolores de Cospedal no solo alcanza de lleno a la posición pública de Ruiz-Gallardón sino también a buena parte de las explicaciones que el viernes dio sobre el particular la vicepresidenta del Gobierno y encargada por Mariano Rajoy de coordinar el paquete de medidas de regeneración que se ofertará a la oposición para su debate.

Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, evitó desautorizar la propuesta del titular de Justicia y, de hecho, dijo que el Gobierno no se cerraba a discutir reformas puntuales de la Constitución y de los estatutos de autonomía para abordar una reducción masiva de aforados si así lo decidía la mayoría de partidos y estaban dispuestos a ejecutar los procesos. La nota de prensa que remitió la también ministra de Presidencia el domingo indica, en consonancia, que el Ejecutivo propondrá a los grupos «medias para acotar el aforamiento en alcance y en número».

Coherente con el planteamiento de restringir sí, pero no eliminar, Cospedal dijo ayer que ve innecesaria la reforma tanto de la Constitución como de los estatutos en este punto porque para restringir el fuero de los miles de afectados a las causas estrictamente vinculadas con el ejercicio del cargo basta con modificar los artículos correspondientes de la ley del Poder Judicial.