Andorra pone límites a la investigación del hijo mayor

Andorra pone límites a la investigación de la Audiencia Nacional sobre la supuesta fortuna oculta Jordi Pujol Ferrusola en el país de los Pirineos. La justicia del Principado ha comunicado al juez Pablo Ruz que admite a trámite la comisión rogatoria cursada por el magistrado en julio, pero al mismo tiempo le hace una advertencia sobre los límites de la legislación andorrana a esta colaboración internacional. La documentación que aporte el Principado se podrá utilizar para perseguir delitos de blanqueo de dinero obtenido por delitos de corrupción o tráfico de influencias, pero no se podrá usar para perseguir solo y exclusivamente el delito fiscal o el blanqueo de capitales que provenga de delito fiscal.

Según explicaron fuentes judiciales, el caso de Andorra es idéntico al de Suiza. El Principado solo facilita información bancaria para investigaciones monetarias ligadas a delitos de corrupción (como el cohecho y el tráfico de influencias) pero rechaza dar esos datos si el país solicitante solo imputa un delito fiscal. Y eso es, en principio, lo que ocurre como Pujol Ferrusola y su exmujer, Mercé Gironés, quienes están acusados de un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública, ambos conexos.

El exmatrimonio está citado a declarar en la Audiencia Nacional el 15 de septiembre. Los dos rendirán por primera vez cuentas a la justicia por la fortuna que vienen gestionando desde hace años en el extranjero, fundamentalmente en paraísos fiscales, y de cuya existencia solo se ha sabido gracias a la confesión de la exnovia del hijo mayor del expresidente de la Generalitat, María Victoria Álvarez. Álvarez decidió tirar de la manta en enero y denunció en la Audiencia Nacional que Pujol Ferrusola y ella misma viajaron a Andorra con una mochila cargada de billetes de 500 euros para ingresarlos en bancos.

El juez Pablo Ruz considera que hay indicios de que el primogénito del exjefe de Gobierno catalán y su exesposa, imputados desde febrero, pudieron incurrir en diversos delitos fiscales y de blanqueo de capitales. Por eso les ha llamado a declarar para que expliquen de dónde surgieron y dónde fueron a parar los 32.407.658 euros que el matrimonio movió en divisas entre el 30 de marzo de 2004 y el 28 de noviembre de 2012. Según los informes de Hacienda ya incorporados a la causa, en ese periodo ambos realizaron 118 operaciones desde los bancos Mediolanum, BBVA y Credit Suisse para sacar dinero a trece países diferentes, entre ellos Islas Caimán, Gabón o Lietchenstein.