La mancha de la corrupción

El gobierno andaluz tiene marcado en rojo los primeros días de agosto, fecha en la que Ángel Ojeda Avilés fue detenido en su residencia estival de Sanlúcar de Barrameda, imputado por cuatro delitos (contra la Administración, fraude, malversación y falsedad). A partir de ese momento, el PSOE puso en marcha toda su maquinaria para intentar desmarcarse de la figura del exconsejero jerezano, que pudo hacerse de forma fraudulenta con 50 millones de euros en ayudas destinadas para cursos de formación a desempleados. Curiosamente, su cuñada, Teresa Florido ocupó hasta 2011 el cargo de directora general de Formación en la Junta y era quién daba el visto bueno a la concesión de subvenciones. Por acción u omisión, parece claro que su pariente colaboró con el exconsejero de Hacienda. Precisamente, nada más comenzar las investigaciones judiciales y policiales, Florido fue destituida de su cargo por el gobierno autonómico, lo que se interpreta como aceptación de posibles irregularidades.

Una semana después, la reacción de los socialistas andaluces fue anunciar a bombo y platillo la expulsión de Ojeda del partido, como muestra de distanciamiento, algo que curiosamente no ha ocurrido en el 'caso ERE'. La tercera medida llegó desde el Consejo de Gobierno con el cambio de la legislación en materia de formación. De forma precipitada, el PSOE quiere limpiar su imagen de la mancha de corrupción que le ha salpicado con este caso sangrante, pero lo cierto es que el desvío de millones de las arcas públicas rumbo a las empresas de Ojeda, deja un tufillo de estafa difícil de eliminar.