El Gobierno obliga a las fundaciones a ser más transparentes

Cuando una fundación nace de una gran empresa, crece la falta de confianza de la sociedad acerca de los verdaderos fines de la organización. Los casos de corrupción en los que se han visto inmersas estas entidades en los últimos tiempos han provocado una mala fama que es difícil de eludir. La mejor forma de evitar mancharse es aplicar la transparencia. Para ello, el Gobierno ha introducido algunos cambios en la Ley de Fundaciones, vigente desde el 2006, que aprobó este viernes en su vuelta al trabajo tras el parón estival: actividades, cuentas, ayudas y proyectos al servicio de cualquier persona que se interese con tan solo hacer un clic en su web.

Entre las principales novedades del texto está la creación de un registro único -actualmente existen siete que aglutinan a cerca de 4.000 fundaciones-, que será público y dependerá del Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado. «Así lo pedían buena parte de los afectados», reconoció ayer Soraya Sáenz de Santamaría, quien precisó que esta normativa se aplicará a todas las fundaciones de ámbito estatal. Tan sólo quedarán excluidas las de Patrimonio Nacional, las públicas sanitarias y las bancarias, que se regirán por su legislación específica. El anteproyecto pretende además agilizar la constitución de las fundaciones con el asesoramiento que proporcionará el Protectorado Único en el ámbito de la Administración General del Estado. Con él, según el Ejecutivo, «se acabará con la dispersión existente con distintos protectorados en función de los fines de la fundación». A partir de ahora el interesado en crear una fundación se dirigirá al Protectorado para solicitar un informe de idoneidad, adecuación, suficiencia y viabilidad, que deberá ser resuelto en un plazo máximo de tres meses. Una vez obtenida la resolución favorable, acudirá al notario, que será el encargado de constituir la entidad y de solicitar su inscripción en el registro único de fundaciones.

Con los cambios previstos en el anteproyecto, el Gobierno ansía acabar con las fundaciones que se benefician, para eludir impuestos, del especial régimen fiscal del que gozan ahora. Para ello, la norma diferencia entre las actividades propias que la fundación desempeña para cumplir sus fines y las mercantiles, que se pueden realizar para financiarse. Se impulsarán además medidas para certificar que las ayudas y subvenciones «se destinan a las fundaciones adecuadas» que cumplen con las exigencias normativas. Las que no lo hagan serán castigadas con sanciones que van desde una simple amonestación hasta multas de entre 1.000 y 30.000 euros, pérdida del cargo de patrono o del órgano de gobierno que ocupe e inhabilitación para desempeñar esos puestos de entre cinco y diez años.

La normativa establece asimismo la obligación de que quienes conozcan fundaciones que no cumplan con este precepto informen al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y obliga a las entidades que reciban ayudas o subvenciones públicas a auditar sus cuentas.

La Asociación Española de Fundaciones (AEF) ha mostrado ya su rechazo al anteproyecto, ya que, a su juicio, dibuja un modelo intervencionista respecto a las fundaciones, limitándolas en muchas áreas. La AEF recuerda además que es una propuesta de reforma que el sector fundacional no ha pedido, ya que con la legislación vigente se podía trabajar, pero había que cumplir su contenido.