El fraude de la formación

El fraude en los cursos de formación era un secreto a voces desde hace tiempo. Desde 2007, se han denunciado abusos, pero no se substanciaron los rumores en los tribunales hasta recientemente. Hoy ya hemos podido constatar que esta ilegalidad ha servido de fuente de financiación de los agentes sociales, pero también de botín de numerosos políticos que se han enriquecido delictivamente hasta la náusea. Y empezamos a disponer de claras referencia de la inquietante magnitud del fraude, que se desprende con bastante verosimilitud de los informes policiales que se han conocido.

El caso del socialista Ángel Ojeda, consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1987 y 1990 y actualmente en libertad con cargos, expulsado del PSOE muy tardíamente, es quizá de los más llamativos ya que recibió de la Junta más de 50 millones de euros para organizar cursos que fueron la simple tapadera de una gran e improductiva estafa. Que esto haya sucedido desde tiempo inmemorial en una comunidad con el 40% de paro clama al cielo.

El pastel es, en definitiva, inmenso, y en Andalucía se superpone al 'caso de los ERE' fraudulentos, que se inscribe en el mismo capítulo de malversación escandalosa y sistemática de los recursos públicos de la región. Y lo más grave que es apenas ahora, después de años de investigaciones y de que se tuviera la sospecha fundada de que estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo, se están empezando a adoptar medidas. En concreto, la Junta, atendiendo un informe reciente de la Cámara de Cuentas de Andalucía -¿a qué se dedicaba la Cámara de Cuentas de Andalucía con anterioridad?-, ha decidido suprimir las exoneraciones y todas las convocatorias se harán por concurso público. Además, se establecerá «un baremo objetivo y transparente para determinar la adjudicación de las subvenciones» y se fijará un tope máximo de dinero que una sola entidad puede recibir. Las exoneraciones de que se habla son de la justificación del buen fin de las subvenciones ya recibidas antes de poder recibir otras nuevas; las normas sobre subvenciones suelen establecer exoneraciones excepcionales en algún caso, pero en Andalucía se habían convertido en norma.

Al conocer estos cambios, al lector le habrá entrado seguramente la misma inquietud que a quien escribe estas líneas: la reforma indica que hasta ahora las subvenciones se concedían sin pedir cuentas del dinero ya recibido, sin un baremo claro de los criterios de concesión; sin ni siquiera concurso público como sistema general, y sin límite de cantidad. En estas condiciones, el milagro es que haya habido cursos reales de formación de parados.

Habrán de ser los tribunales los que endosen a cada cual las culpas a que haya lugar pero es muy difícil no detectar en este panorama desolador grandes responsabilidades in vigilando que no han sido desempeñadas con el rigor que es exigible a cualquier dirigente político que ejecute un mandato popular. No sólo los chorizos que arramblaron con lo que pudieron en provecho propio tienen culpa este colosal desaguisado que fue un macabro festival de corrupción.