El 'Constitucional catalán' salva por un solo voto la ley que convocará la consulta

La ley de consultas, la norma que Artur Mas quiere utilizar como base legal para poder convocar el referéndum independentista catalán, superó ayer por la mínima su penúltimo escollo.

Por cinco votos a favor y cuatro en contra, el Consejo de Garantías Estatutarias, el órgano dependiente de la Generalitat que vela porque las leyes del Parlamento de Cataluña se ajusten a la Constitución y al estatuto, avaló dividido el texto, pero de manera íntegra. Tras recibir el dictamen favorable del 'Constitucional catalán', la ley ya está lista para su aprobación definitiva en un pleno previsto para la segunda quincena de septiembre, posiblemente el día 18, coincidiendo con el referéndum escocés.

En cuanto la ley se publique en el BOE catalán, Mas firmará el decreto de convocatoria de la consulta y podrá cumplir con su promesa de organizar un referéndum legal, amparado por una ley vigente. Esto no le garantiza que la votación se acabe celebrando el 9 de noviembre ya que el Gobierno ha anunciado que impugnará la norma y la convocatoria ante el Constitucional, quien automáticamente decretará su suspensión cautelar y dejará la consulta sin el cobijo legal.

Por ello, el Gobierno catalán emplazó ayer a Mariano Rajoy a que no ponga «trabas», porque cree que el ordenamiento jurídico español permite el ejercicio del derecho a decidir. La Generalitat evitó valorar futuras prohibiciones y centró su mensaje político en afirmar que la resolución del consejo le ofrece «sólidos argumentos» para convocar la votación del 9-N. Entre otros, el organismo consultivo concluye que la ley es 100% constitucional porque habla de consultas populares de carácter no vinculante y no referendos y porque el sistema constitucional español no prohíbe «en ningún sitio» que la Generalitat pueda consultar a los catalanes temas de su interés si lo hace «amparada en una competencia propia». Está por ver si preguntar a la población sobre la independencia está dentro de las competencias de la Generalitat.

El 'Constitucional catalán' argumenta que pulsar la opinión de la ciudadanía «no colisiona» ni es incompatible con la Carta Magna y que el Estatut recoge el derecho de participación de los catalanes en los asuntos públicos y el derecho de la Generalitat y los ayuntamientos de promover la convocatoria de consultas. Destaca, asimismo, que en el marco constitucional no existen cuestiones prohibidas a la opinión de los ciudadanos. El dictamen contó con los votos a favor de los cinco miembros del consejo elegidos por CiU y ERC. Los otros cuatro, los consejeros nombrados a propuesta del PSC (2), ICV y el PP votaron en contra de validar su constitucionalidad.

«Referéndum simulado»

Los juristas Pere Jover, Eliseo Aja, Marc Carrillo y Carles Jaume coincidieron en que algunos de los artículos de la norma chocan con la Constitución porque se quiere hacer pasar por una consulta lo que en realidad es un referéndum. Jover considera que ambos conceptos «son materialmente indistinguibles» en la norma, Aja habla de «referéndum simulado», en tanto que Carrillo y Jaume concluyen que se trata de un «referéndum encubierto» que vulnera los límites constitucionales. El dictamen no entra a juzgar la doble pregunta fijada por los cuatro partidos soberanistas para la consulta, aunque algunos de los consejeros que votaron en contra sí lo hacen en sus votos particulares. Por ejemplo, Jaume dice que la doble pregunta, «por más que se afirme que no tiene trascendencia jurídica, plantea cuestiones [la independencia] que rebasan las competencias».

Los cuatro votos en contra son un jarro de agua fría para el Gobierno catalán, que salvó 'su' ley de manera pírrica. La norma ni siquiera contó con el aval del consejero de Iniciativa, Marc Carrillo.

Los votos en contra de los cuatro consejeros dan argumentos a la Abogacía del Estado cuando decida impugnar la convocatoria. El PP, de hecho, destacó dos ideas que usará en sus recursos: que el 'Constitucional catalán' no se ha pronunciado sobre la pregunta porque tiene claro que no se adecua a la Constitución y que preguntar sobre la independencia de Cataluña «no puede ser una competencia exclusiva de la Generalitat». El PP y Ciutadans serán los únicos partidos que votarán en contra de la aprobación de la ley. El PSC la validará, aunque sostiene que esta norma no sirve para el 9-N. La ley saldrá adelante con el 80% del apoyo de la Cámara catalana (CiU, Esquerra, PSC, Iniciativa y la CUP).