Manos Limpias promete inmunidad a los empresarios que denuncien a Pujol

El sindicato Manos Limpias no da credibilidad alguna a la versión que el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ofreció sobre el origen (una herencia de su padre) del dinero que su familia ocultó al fisco durante más de tres décadas en Suiza y Andorra. Considera que la fortuna amasada por el clan procede del cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obras. Es decir, el famoso 3% que denunció en 2005 el entonces presidente catalán Pasqual Maragall en sede parlamentaria, pero del que nunca más se supo hasta que estalló hace cuatro años el 'caso Palau', en el que un juez mantiene aún embargada la sede de Convergencia por supuesta financiación irregular por los pagos que habría recibido de Ferrovial a través de la institución cultural.

Las sospechas en torno a las supuestas mordidas han regresado con mayor fuerza a raíz de la bomba política que ha supuesto el 'caso Pujol'. De hecho, Manos Limpias hizo ayer un llamamiento a los empresarios que se habrían visto obligados a pagar esta «extorsión» durante los 23 años que Pujol estuvo al frente de la Generalitat para que denuncien los hechos. Como acusación popular que es en el caso que investiga un juzgado de Barcelona, el sindicato prometió, a cambio, que negociará con el magistrado para que los denunciantes obtengan la condición de testigo protegido. «Hay cuatro empresarios dispuestos a dar la cara, pero nos dicen que otros también denunciarían si su identidad se preservara», señaló el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad. En la denuncia que presentó en el juzgado barcelonés adjuntó un informe policial según el cual, durante el mandato de Pujol (1980-2003), se cobraban comisiones del 4% para la adjudicación de obra pública, del que el 2,5% iba para financiar a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y el otro 1,5%, a la familia del expresidente.

Entramado político

El querellante habla de «un entramado político, económico y financiero» que se ha llevado a cabo durante años en Cataluña con la «complicidad de los sucesivos gobiernos españoles» y también de la Oficina Antifraude de Cataluña, que a su juicio «ha mirado hacia otro lado» ante las denuncias de empresarios que habrían alertado de presuntas prácticas corruptas durante los gobiernos de Pujol. Este organismo, que lo niega categóricamente, afirmó ayer que nunca ha recibido una sola denuncia sobre Pujol y anunció una querella contra Manos Limpias.

La fortuna de los Pujol se investiga en un juzgado de Barcelona, a raíz de la denuncia de Manos Limpias, pero los asuntos financieros del clan familiar se indagan también en otros frentes como la Audiencia Nacional o un juzgado de Andorra. Casi un mes después de revelar que ocultó durante 34 años la herencia de su padre, Pujol y su familia pasaron ayer al ataque en el Principado pirenaico para tratar de poner obstáculos en el proceso judicial y buscar fallos en la instrucción que puedan beneficiarles. Contraatacaron por dos vías. La primera, una querella contra los dos bancos andorranos donde han tenido su dinero por una presunta vulneración del secreto bancario. La denuncia busca conocer la identidad de un exempleado que podría haber filtrado los datos bancarios de la familia Pujol a las autoridades españolas, por presiones o a cambio de dinero, y trata además de sembrar la duda sobre el origen político de la investigación, en pleno proceso soberanista. También han recurrido la comisión rogatoria cursada por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz a Andorra para disponer de información sobre las cuentas del primogénito del expresident, Jordi Pujol Ferrusola, y de su exmujer Mercè Gironès.

El magistrado abrió este procedimiento en 2013, tras recibir una denuncia de la examante de Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez, quien aseguró que, en un viaje a Andorra, trasladaron una mochila con 400.000 euros en billetes de 500 y de 200. Ruz ha citado como imputado para el próximo 15 de septiembre al hijo del expresidente, al atribuirle presuntos delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública. En su recurso, los Pujol atacan al juez y dicen que actúa sin disponer de indicios suficientes y con finalidades políticas para debilitar el proceso soberanista.