ESPAÑA, UN REFUGIO PROHIBIDO

La llegada masiva de esta semana de inmigrantes ilegales a las costas de Cádiz, muchos de ellos malienses que huyen del conflicto civil en su país, ha devuelto a la actualidad las dificultades que encuentran los extranjeros para hacer valer en España el derecho universal al asilo.

Amnistía Internacional lo recordó el pasado jueves. A los inmigrantes que alcanzan territorio nacional se les presta asistencia humanitaria, pero no se les ofrece información sobre sus derechos. Tampoco cuentan con traductores o asesoramiento legal que les puedan aclarar cuál es su situación legal. Esto lleva a que de los más de 51 millones de desplazados forzosos que se contabilizaron en 2013 en el mundo, tan sólo 4.500 pidieran protección a España, el 0,008% del total.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) critica desde hace años las trabas que España pone para acceder al estatus de refugiado. Cita, por ejemplo, la imposibilidad que existe desde 2009 de pedir asilo en las embajadas. Solo se puede hacer al llegar a suelo español, lo que en muchos casos es imposible para personas que se encuentra a miles de kilómetros. La ONG también señala las dos sentencias del Tribunal Supremo. En ellas conmina a las autoridades a hacer «una aplicación prudente y restrictiva» de la capacidad que les confiere la ley para inadmitir a trámite las solicitudes que se presentan. Según los datos de CEAR, el 60% de las peticiones de protección presentadas en los puestos fronterizos y en los Centros de Internamiento de Extranjeros fueron rechazadas en primera instancia, sin realizar una investigación en profundidad para aclarar si las vidas de los solicitantes corrían peligro. CEAR acompaña sus denuncias con dramas personales. El año pasado 32 ciudadanos de la República Democrática del Congo pidieron asilo en el aeropuerto de Barajas. Se denegó a todos pese a la guerra civil que vive este país. Otros veinte cameruneses se declararon perseguidos por su orientación sexual. Alegaron la represión que sufren los homosexuales en ese estado africano, donde pueden recibir penas de hasta cinco años de cárcel. Solo dos de las peticiones fueron admitidas a trámite.

A nado por el Tarajal

Alain Diabanza es un inmigrante de la República Democrática del Congo que reside en Málaga desde 2005. No lo tuvo fácil para llegar. Con el poco dinero que había ahorrado como maestro en 2002 emprendió camino a Marruecos con la intención de entrar en España. Entre los inmigrantes subsaharianos «se dice que llegar a Marruecos es llegar a Europa, pero la realidad es otra cosa bien distinta», recuerda. Una vez en el país vecino Alain comprendió que su única opción para entrar en España era saltar la valla de Ceuta, así que en julio de 2004 se instaló en un monte cercano a la ciudad autónoma a la espera de una oportunidad. Allí «comenzó el calvario», dice. «Después de cada intento de salto la Policía marroquí nos golpeaba en las manos, en los talones, en sitios que impedían que volviésemos a intentarlo», evoca.

Después de tres saltos fallidos Alain decidió cruzar a nado por la playa del Tarajal, la misma en la que el pasado 6 de febrero murieron ahogadas 15 personas. Él lloró cuando supo lo sucedido: «Pensé que no estaba viviendo realmente en España. ¿Cómo un país que respeta los derechos humanos puede permitir que la policía dispare a personas que están nadando por una vida digna?». Alain fue más afortunado y tuvo éxito. Tras llegar a Ceuta, pasó dos meses en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, tiempo en el que solicitó un asilo que le fue denegado. Por experiencia sabe que en España es muy difícil obtener el estatuto de refugiado porque «piden pruebas, fotos, documentación». «Pero ¿yo que prueba voy a tener si vine nadando?». Cuenta que un colega de profesión pidió asilo en Francia y las autoridades se encargaron de contactar con su país para obtener la documentación necesaria. «Aquí tienes que conseguirlo todo tú, cuando ellos tienen los medios para hacer los trámites», afirma sin comprenderlo. A la pregunta de por qué tan poca gente pide protección en España cree tener clara la respuesta. «Cuando yo vine -explica- la gente pedía el asilo, ahora, con la crisis, saben que en España no hay trabajo y no lo piden, porque te obligaría a quedarte aquí. Pasan por aquí para ir a Francia o a Inglaterra, porque vienen en busca del respeto a los derechos humanos, pero también de trabajo».

Al salir del CETI Alain se trasladó a Málaga donde CEAR le formó como electricista. Gracias a ello consiguió un contrato de trabajo y el permiso de residencia. Cuestionado sobre si mereció la pena el viaje, Alain responde que sí, sin duda porque «cuando la policía que debe protegerte es la que te mata.».

Detenida en Barajas

Alexandra llegó a España en febrero de 2012 para huir de la persecución que sufría en Honduras. En su partida de nacimiento figura como varón, pero ella siempre se sintió mujer. Durante años luchó en su país porque se reconocieran los derechos de los transexuales pero, asegura, todo cambió con el golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya en 2009. La compresión que el movimiento transexual encontró en el anterior mandatario se tornó en desprecio de las nuevas autoridades. Según revela, 60 de sus compañeras fueron asesinadas.

A ella también intentaron matarla. La dispararon, la apuñalaron, fue secuestrada y también violada. El miedo por su vida le llevó a marcharse. «No venía con intención de pedir asilo, yo solo quería escapar», afirma. De hecho, ni siquiera sabía que a su llegada a Madrid tenía derecho a pedir protección internacional.

Cuando se bajó del avión en Barajas Alexandra fue detenida de inmediato por la Policía Nacional. Ahí comenzó para ella un nuevo 'via crucis'. Con los nervios llegó a firmar la orden de expulsión que le pusieron delante. Alexandra recuerda como solo unas horas antes de que la subieran a un avión de vuelta se le aproximó un abogado que la vio llorando en un rincón. «Acércate a esa policía y dile que quieres asilo», le recomendó tras escuchar su relato. Ese consejo le cambio la vida. «Hice lo que me dijo», explica.

A continuación le pidieron que firmara la solicitud y pasó otros dos días en Barajas, tiempo en el que contactó con CEAR a través de la Cruz Roja. Uno de sus abogados de la ONG fue quien la ayudó a presentar las pruebas de lo que había sufrido. Al fin otros dos policías la llamaron y le entregaron un papel más para firmar. «Yo ya no quería pero lo hice, y cuando terminé me dijeron: 'Bienvenida a España'». Su petición había sido admitida a trámite. Cinco meses después se le concedió el estatuto de refugiada tras comprobarse que su historia era auténtica. Aún así ella se declara feliz a medias. Asegura que preferiría estar en Honduras junto a su familia y amigos. «A veces hay que ponerse en la piel de los otros y darse cuenta de que si pedimos protección es porque la necesitamos, no porque queramos», afirma.