Esquerra ve en el 'caso Pujol' un motivo más para irse de España

Todas las familias políticas españolas, incluida CiU, admiten que el escándalo desatado por Jordi Pujol, tras confesar que mientras presidió Cataluña ocultaba millones de euros en Suiza, se ha convertido ya en uno de los mayores enemigos y elementos principales de desgaste del movimiento independentista catalán. Salvo Esquerra.

Los republicanos piensan que la caída del mito que encarnó el catalanismo político durante décadas no sólo no es obstáculo alguno en la marcha hacia la consulta de autodeterminación y el estado propio, sino que creen que, de hecho, es un motivo de peso para insistir en la conveniencia de irse cuanto antes de España.

Esta pirueta argumental la utiliza desde hace algunos días el portavoz de Esquerra en el Congreso y futuro candidato a la alcaldía de Barcelona, Alfred Bosch. Su lógica es que los presuntos chanchullos financieros de Pujol, quien debido a la indignación general con sus revelaciones ha tenido que renunciar incluso a sus honores y prebendas como expresident, no son más que otro ejemplo de un sistema que consideran caduco y corrupto, el de la España de autonomías.

ERC olvida al Pujol independentista, que en los últimos años se puso a la cabeza de la estrategia secesionista impulsada por Artur Mas desde 2012, y lo asimila a la política de la transición, al nacionalismo pactista y aliado de los gobiernos centrales y a la implantación de la «Cataluña autónoma» de la que quieren marcharse.

Para redondear el argumento, según explicó Bosch a Europa Press, no ve diferencias entre el 'caso Pujol' y las posibles comisiones de contratistas públicos obtenidas por su familia y otros casos de corrupción en las que están implicadas instituciones autonómicas, como el de Iñaki Urdangarin, la trama Gürtel, o los que atribuye a la administración valenciana de Francisco Camps. Síntomas todos, insiste, de «un mal endémico y sistemático» de la estructura de poder territorial española.

El intento de Esquerra por realizar cuanto antes un cortafuegos entre el escándalo de Pujol y el soberanismo, a cuyo lema 'España nos roba' ha hecho un importante roto, le lleva incluso a decir que ni siquiera afectará a las relaciones de sociedad coyuntural entre los republicanos y CiU. Bosch mantiene que nada ha cambiado en su alianza por el derecho a decidir porque el expresidente «no es, claramente, el líder de Convergencia ni de CiU».

Sin embargo, lo cierto es que Esquerra, que en varias ocasiones había insinuado la posibilidad de reforzar con su entrada el Gobierno de la Generalitat para impulsar la celebración de la consulta, ya no tiene prisa alguna ni lo ve necesario. Tampoco entra a valorar el hecho de que, en coincidencia con el desgarro social que en Cataluña produjo la revelación de Pujol, la Asamblea Nacional de Cataluña reconozca que tiene menos adhesiones que nunca para la gran movilización popular que prepara de cara a la celebración de la Diada, el 11 de septiembre.

Obediencia debida

Mientras ERC se esfuerza por exorcizar el fantasma de Jordi Pujol, Artur Mas comienza a lograr sus primeros éxitos a la hora de echar tierra sobre la polémica de si un veto del Tribunal Constitucional llevará a la Generalitat a aplazar o no la consulta del 9 de noviembre, debate que abrió grietas visibles en su alianza con los republicanos.

La vicepresidenta catalana, Joana Ortega, la misma que el pasado martes dejó claro que no habría consulta si era prohibida por el tribunal, esquivó ayer el tema lo mejor que pudo y aseguró que ella, como el presidente Mas, en este momento no tiene más plan que celebrar el referéndum de autodeterminación en la fecha señalada, y que, de hecho, a su organización dedica todos sus esfuerzos como titular de la Consejería de Gobernación.

El presidente de la Generalitat tuvo que salir el miércoles a asegurar que la respuesta a una posible suspensión de la consulta ya se abordará si tal situación se produce y que, en cualquier caso, será siempre una decisión pactada con sus aliados soberanistas; CiU, Esquerra, Iniciativa y las CUP.

Mas pidió silencio a los miembros de su Gobierno y de CiU sobre el asunto. Considera que «especular» sobre este tema en este momento, cuando lo ve innecesario, sólo favorece a los enemigos de la consulta, pues desmoviliza a los partidarios y divide a los partidos que apoyan el proceso.