El juez da la razón a los vecinos de Mogarizas por los recargos en las obras de urbanización

Difícil era de imaginar que unas obras de urbanización darían tantos quebraderos de cabeza a las dos partes, vecinos y Ayuntamiento. Un conflicto enquistado en el tiempo, envuelto en dimes y diretes y una guerra judicial que, de momento, ha fallado a favor de los vecinos. Tal y como explicaron ayer en un comunicado, la justicia ha dado la razón a los 700 vecinos integrados en la Unidad de Ejecución 1 'Carretera de la Barrosa', que comprende las urbanizaciones Las Rapaces, Las Mogarizas y Las Galindas.

Concretamente, y tal y como explica el abogado y portavoz de parte de los vecinos afectados, Jesús Vila, «a finales de mayo el Juzgado Contencioso Administrativo número 2, estimó una primera demanda interpuesta por propietarios en la Unidad de Ejecución, y acordó la anulación de la cuenta de liquidación definitiva». El motivo es que el juez consideró que dicha cuenta era «contraria a derecho, al haber caducado ya el procedimiento administrativo cuando se produjo dicha aprobación».

Eso implica que la justicia da la razón a los vecinos en su batalla de que se les devuelvan los sobrecostes cobrados de más por unas obras que se ejecutaron 10 años atrás, en el mandato socialista en la Alcaldía. De hecho, ese requerimiento se produjo años después e implicó un «incremento que ha supuesto a los propietarios de la Unidad de Ejecución un pago extraordinario, además de los ya efectuados en su día, de una media aproximada de más de 3000 euros por vivienda», como reconoce Vila. Eso implicaba un sobrecoste de entorno a un 30% «que producía efectos desfavorables a los propietarios afectados, en cuanto constituyó un incremento de la cuota de urbanización», según detalla la sentencia.

Por todo ello, los vecinos han exigido al actual alcalde, Ernesto Marín, una reunión para buscar una salida a la actual situación y la devolución de dicho importe cobrado de más. De hecho, según explica el abogado la sentencia ha sido calificada «como Orden Público, y por lo tanto, apreciable de oficio obligatoriamente por los demás juzgados en los innumerables procedimientos iniciados con otros propietarios».

Los vecinos creen que ese pago del sobrecoste «después de 12 años desde la aprobación del Proyecto de Reparcelación, no tenía otro motivo que hacer frente, a su costa, a la situación deficitaria de la empresa del suelo Emsisa que además llevó a cabo en su día una pésima gestión de las obras». Unas obras «deficientes» que ya en su día motivaron un pronunciamiento del Tribunal Superior «por haber infringido Emsisa el principio legal de publicidad y concurrencia a la hora de licitar las obras».

Ante toda esta situación, Vila ha solicitado la reunión con el regidor para «para evitar mayores perjuicios a los propietarios afectados y para la pronta devolución de las cantidades indebidamente cobradas». Concretamente, la devolución a los 700 vecinos ascendería a 1.877.835,38 euros. La estimación, tal y como explica el abogado, viene determinada por el propio Ayuntamiento que ya fijó en sus escritos la cuantía de los procedimientos judiciales emprendidos».

Además, esta sentencia y la ficha que mueva el Ayuntamiento (que no ha recurrido la sentencia) afectará a los vecinos de la Unidad de Ejecución 2 de la zona de La Barrosa «afectados por una controversia similar».