Piden que se investigue a El-Sisi por crímenes contra la humanidad

La masacre que las fuerzas de seguridad egipcias llevaron a cabo el 14 de agosto de 2013 en la plaza de Rabaa al Adauiya en El Cairo y que mató al menos a 817 manifestantes fue premeditada, y sus responsables, entre ellos el entonces ministro de Defensa y hoy presidente Abdelfatah el-Sisi, deberían ser investigados por lo que «probablemente constituyen crímenes contra la humanidad», concluye Human Rights Watch (HRW) en un durísimo informe sobre las muertes de manifestantes que tuvieron lugar tras el golpe de Estado militar que desalojó del poder a Mohamed Mursi.

El documento, que fue presentado ayer por videoconferencia debido a que las autoridades egipcias impidieron la entrada a dos de sus directivos un día antes, compara la masacre de islamistas, «una de las mayores matanzas de manifestantes en un solo día de la historia reciente», con la que llevó a cabo el Ejército chino en 1989 en la plaza de Tiananmen, o la de las fuerzas uzbecas en Andijan en 2005. HRW ha documentado 817 fallecidos con nombre y apellidos pero estima que las víctimas podrían superar el millar, sobrepasando con creces la cifra de muertos de estos dos terribles episodios. Ni un solo responsable ha sido procesado por los incidentes.

El informe, de 188 páginas, y para el que la prestigiosa organización, con sede en Nueva York, ha entrevistado a más de 200 testigos, narra lo sucedido durante la dispersión de la acampada de protesta donde decenas de miles de seguidores de Mursi y los Hermanos Musulmanes se concentraban desde su derrocamiento, y otras cinco manifestaciones y sentadas entre julio y agosto del año pasado. Según las autoridades egipcias, que han rechazado de plano un informe que consideran «sesgado», la dispersión de las manifestaciones se llevó a cabo «de acuerdo con los estándares legales internacionales», y aseguran que se ofreció a los manifestantes vías de escape seguras, pero que la operación acabó violentamente porque los participantes dispararon contra las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, numerosos testigos indicaron a HRW que la plaza de Rabaa el Adauiya, en la que se calcula que se daban cita unos 85.000 manifestantes, se convirtió en una ratonera, donde la Policía, apoyados por miembros del Ejército, dispararon de forma indiscriminada contra la multitud desde las distintas entradas a la acampada, con francotiradores apostados en los tejados de los edificios adyacentes e, incluso, desde helicópteros.

«Somos pacíficos»

Las advertencias de que los agentes se disponían a evacuar la plaza duraron pocos minutos y apenas se escucharon, relatan los testigos. Los agentes avanzaron disparando contra todo el que se cruzaba por delante. Ahmed (Ammar) pasó las vallas, levantó los brazos y dijo «somos pacíficos, aquí no hay nada». Entonces, un oficial del Ministerio del Interior (.) cargó su arma. «El oficial le alcanzó en el pecho con cuatro balas y cayó», relata un testigo que estaba justo al lado de este ingeniero, padre de tres hijos.

HRW reconoce que, aunque un reducido número de manifestantes portaban armas -la Policía encontró 14 pistolas y 8 agentes perecieron por disparos-, y cientos de ellos respondieron al ataque de las fuerzas de seguridad con piedras y cócteles molotov, «la violencia de los manifestantes no justifica de ninguna manera la matanza deliberada e indiscriminada de manifestantes de la policía en coordinación con las fuerzas armadas», sostiene el informe.

«Esto no ha sido un mero caso de uso excesivo de la fuerza o de falta de preparación. Fue una represión violenta planeada desde los más altos niveles del Gobierno egipcio», denunció ayer Kenneth Roth, director ejecutivo de la organización.

El documento apunta directamente contra El-Sisi, que era entonces jefe del Ejército; el ministro del Interior, Mohamed Ibrahim -quien ya había reconocido en televisión que se esperaban miles de muertes-; el jefe de las fuerzas especiales y comandante de la operación de desalojo de Rabaa el Adauiya, Medhat Menshaui; así como otros altos mandos del Ejército, el Ministerio del Interior y autoridades civiles.