La juez Alaya pide al Supremo que impute a Chaves y Griñán por los ERE fraudulentos

Se lo había pedido la Fiscalía Anticorrupción en varias ocasiones. También la Audiencia de Sevilla, su órgano superior, le había marcado el camino. Incluso los aforados implicados habían denunciado el «afán justiciero» de la juez Mercedes Alaya por mantener a buen recaudo el 'caso de los ERE' fraudulentos en su juzgado.

Pese a todo, la titular del juzgado número 6 de Sevilla, el «azote judicial» de la Junta de Andalucía, se resistía a deshacerse de una investigación que inició en enero de 2011 y que ya alcanza los dos centenares de imputados. Lo hizo con ahínco y bordeando la ley, «preimputando» a dos expresidentes autonómicos como Manuel Chaves y José Antonio Griñán, aforados ante el Tribunal Supremo. Pero antes de hacer la maleta e irse de vacaciones, justo cuando va a asumir otro caso caliente para la Junta, el de las ayudas a los cursos de formación, Alaya dio el paso definitivo y comunicó al Supremo que ve indicios para que impute e investigue a los dos expresidentes y a cinco de sus exconsejeros.

El viernes salió de su juzgado una exposición razonada sobre la parte del sumario de los ERE que afecta a los aforados ante el alto tribunal y ayer llegó al Supremo. El voluminoso envío incluye 20 de los 80 tomos del proceso y audio y videos con declaraciones de testigos e imputados. Todo el material con los indicios que, según la juez, implican a Chaves, Griñán y a cinco de sus consejeros por promover un «sistema ilegal» de concesión de subvenciones sociolaborales y ayudas a empresas en crisis desde 2000 a 2012, cuyo montante superó los 850 millones de euros.

Ahora la Sala de lo Penal del Supremo deberá reunirse (lo hará de forma previsible en septiembre, al ser agosto mes inhábil) y pedir un informe a la Fiscalía sobre la exposición razonada y si ve motivos para abrir una causa, contra quiénes y sobre qué delitos. En caso afirmativo, será entonces cuando la sala decida si asume parte o todo el 'caso de los ERE' y nombre a un instructor.

En sus autos, la juez Alaya dejó claro que la cúpula y los técnicos del Ejecutivo andaluz promovieron este sistema ilegal de subvenciones y no hicieron nada para evitarlo, resumió para justificar la unidad de la causa y la imposibilidad de trocearla. Esta tesis se corrobora con el medio centenar de cargos públicos imputados, a quienes atribuye delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental.

La lista

En su escrito al Supremo, la juez pone contra las cuerdas a los gobiernos socialistas andaluces de las últimas dos décadas, apuntando a lo que denomina la «cúpula de la pirámide»: Manuel Chaves, presidente autonómico entre 1990 y 2009 y ahora diputado en el Congreso, y su sucesor José Antonio Griñán, consejero de Economía y Hacienda desde 2004 a 2009 y que ahora es senador.

Junto a ellos se encuentra Carmen Martínez Aguayo (consejera de Hacienda desde 2009 a 2013 y antes viceconsejera de Hacienda con Griñán), Antonio Ávila (consejero de Presidencia y luego de Economía y Empleo desde 2009 a 2013), Francisco Vallejo (consejero de Innovación desde 2004 a 2009) y Manuel Recio (consejero de Empleo desde 2009 a 2012), todos ellos diputados autonómicos, y José Antonio Viera (consejero de Empleo desde 2000 a 2004), con escaño en el Congreso.

Entiende que todos, en sus distintas responsabilidades, habrían sido conocedores de que se utilizó un procedimiento «inadecuado» para pagar ayudas a empresas en crisis que se deberían haber tramitado mediante subvenciones excepcionales y no, como se hizo, mediante transferencias de financiación a un organismo público, el Instituto de Fomento Andaluz, más tarde la Agencia Idea.

Este sistema, usado por las administraciones únicamente para equilibrar las cuentas de pérdidas y ganancias de las empresas públicas, se empleó para otros fines «obviando el procedimiento administrativo legalmente establecido para gastos de esta naturaleza», concluyó un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas. También se obviaron los mensajes de alerta dados por el interventor general de la Junta, que no obstante nunca llegó a hablar de menoscabo de fondos públicos.

El objetivo, insiste Alaya, era evitar la fiscalización del gasto y esconder la arbitrariedad a la hora de dar las ayudas, en muchas ocasiones a empresas afines al PSOE o del entorno de algunos implicados. Esta falta de control permite entender también la presencia de intrusos o personas ajenas en las prejubilaciones de empresas que asumía la Junta de Andalucía, o el pago de sobrecostes por las labores de mediación.