Sede de la Audiencia Provincial cuya sección Cuarta es autora de la sentencia. :: L. V.
CÁDIZ

Condenado a 12 años el autor de un apuñalamiento mortal por deudas

La trágica pelea se produjo en junio de 2012 en plena calle de Barbate, la sentencia considera que el crimen fue premeditado y descarta los eximentes

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Doce años de cárcel y el pago de una indemnización de 247.000 euros para la mujer y los hijos de Francisco Javier Varo García, alias 'Pachi', quien moría el 13 de junio de 2012 apuñalado junto a un quiosco, en plena calle de Barbate. El condenado, un conocido que le reclamaba la devolución de 1.200 euros que le había prestado. Manuel Castillo Quintero fue juzgado en junio pasado por un jurado popular que lo declaró culpable de un delito de homicidio. La magistrada presidente del tribunal, constituido en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, ha fijado la pena a partir de los hechos probados por el jurado y que se ajusta al relato que defendió en la vista oral la Fiscalía. Si bien, el Ministerio Público solicitaba un año más de cárcel de la condena que ha sido impuesta finalmente.

Según relata la sentencia que acaba de ser dictada, Manuel Castillo salió de su casa la mañana de los hechos con un cuchillo de cocina de 23 centímetros de largo (12,5 de longitud de hoja) en busca de la víctima. Varios testigos que declararon en el juicio lo vieron presentarse en dos establecimientos de los que él no era cliente habitual preguntando por Pachi. Algunas de esas personas lo oyeron cómo dijo que si se enteraban que estaba en la cárcel, le mandaran tabaco «porque lo voy a matar». En otro momento, recoge la sentencia, preguntó en voz alta a las personas que se congregaban en un quiosco si habían visto al que después resultaría fallecido porque debía devolverle un dinero ya que en caso contrario «le buscaría la ruina».

En ese quiosco se desatarían los «fatales» acontecimientos. La víctima acudió como era habitual a ese comercio y tuvo un primer encuentro con su agresor. Testigos directos como trabajadores y clientes vieron que se iniciaba una primera discusión cuando el condenado le reclamó el dinero y la víctima le respondió que no podía devolvérselo.

Francisco Javier Varo -relata la magistrada presidente del tribunal- se fue a hacer un encargo y al regresar volvió a encontrarse con el condenado, quien «comenzó a propinarle puñetazos».

La víctima trató de protegerse lanzando una patada a Manuel y éste respondió sacando el arma blanca y apuñalándolo en repetidas ocasiones en la cabeza, el tórax y el abdomen.

La defensa solicitó la aplicación de una serie de atenuantes como el miedo insuperable al verse envuelto en una pelea, el consumo de alcohol y drogas, el arrebato pasional o que el condenado acabó confesando ante la Guardia Civil. En suma, una batería de argumentos para conseguir eximentes que absolvieran al procesado. Manuel Castillo negó en el juicio que portara un arma blanca con el objetivo de agredir a la víctima sino que la llevaba consigo para partir hachís. Esta explicación no es admitida por el tribunal al entender que las dimensiones del cuchillo no se corresponden con las de una herramienta tipo de corte de estupefacientes.

También desestima todas las atenuantes expuestas por la defensa, ya que el jurado consideró probado que el procesado salió de su casa con el firme propósito de encontrarse con la víctima y reclamarle el dinero; hay testimonios que lo oyeron pronosticar un final fatal si no obtenía el dinero y en cuanto a la confesión, la magistrada recuerda que esa circunstancia se considera una atenuante siempre y cuando el autor ayude en el esclarecimiento de los hechos y que no sepa que está siendo investigado.

A Manuel Castillo lo detuvieron instantes después de los hechos porque fue seguido por varios vecinos. Además en el juicio relató unos hechos distintos, afirmando que se vio atacado por varias personas a la vez que lo agredieron con unas sillas cuando estalló la discusión con la víctima. Algo, que según indica la sentencia, no ha quedado probado.

Por su parte, la acusación particular exigía una pena de 20 años de cárcel por un delito de asesinato que tampoco ha sido estimado.