El negocio de la desesperación

Las operaciones 'Edu' y 'Óscar' responden a un proceso policial y judicial similar. Están llenas de apellidos de antiguos cargos de la Junta de Andalucía y jueces en activo, mucho de artículos administrativos, expedientes y juzgados andaluces, de siglas de unidades policiales y cifras de dinero presuntamente desviado. Al cabo, un galimatías para cualquier ciudadano sin conocimientos técnicos que sólo deja una conclusión: corrupción. Pero si alguien quiere tratar de entender, quizás convenga recordarle que hay filosofía en las matemáticas, poesía en el derecho, mucha ética en la información de sucesos. Quizás convenga conocer el terreno y recordar una palabra clave: desesperación.

El territorio es la provincia de Cádiz. La última Encuesta de Población Activa fijó su porcentaje de parados en el 42,4%. Esas cifras son las más altas de la Unión Europea. Para encontrar similares hay que irse a regiones de estados casi fallidos, tercermundistas, de Sudamérica o África. Cádiz es campo abonado a la desesperación, especialmente de mayores de 40 años, dispuestos a cualquier cursillo, subsidio y atajo administrativo para alcanzar algunos ingresos mínimos en familias sin ninguno. En cada campaña electoral, el PSOE ofrecía brillantes planes de empleo cargados de millones.

En ese paisaje, aparecen los que tratan de montar un puente entre la impaciencia de los trabajadores sin trabajo y la de los dirigentes sin ideas. Ese sería el presunto papel de Ángel Ojeda Avilés. Consejero de Hacienda de la Junta entre 1990 y 1993, conoce los entresijos de la administración autonómica y, según la Policía, se aprovecha de las necesidades de todos para hacerse con una fortuna.

Una vez terminada su etapa como miembro del Gobierno autonómico crea una red de empresas y fundaciones dedicadas, principalmente, a elaborar e impartir cursos de formación para que los parados, esos desesperados, puedan reciclar su formación y aspirar a un nuevo empleo. Según los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el exconsejero forma durante diez años un gran entramado de sociedades y firmas volcadas en este fin. A partir de 2009, y gracias a un cambio en la reglamentación legal de la Junta, logra acceder a numerosas subvenciones para organizar estas clases. Según la Policía, fueron creadas 'ex profeso' para reunir el dinero. Esos mismos informes señalan que llegó a recibir hasta 48,4 millones entre 2008 y 2012. De ellos, hasta 19,2 millones le llegaron en un sólo año, en 2010, a través de diez expedientes que habría firmado su cuñada, Teresa Florido, por entonces responsable de Dirección General de Formación de la Junta y destituida nada más comenzar la investigación policial.

Denuncia de un docente

A partir del 28 de agosto de 2012, los hechos se precipitan por un imprevisto. La jueza de Instrucción del número 4 de Algeciras encomienda a la Guardia Civil que investigue a la empresa Natura (una de las dirigidas por Ojeda Avilés). Esta decisión judicial está motivada por la denuncia de una docente en junio. Dice que le pagaban en negro, que le prometieron 70 euros por hora de clase y no le abonaron ni 20. Ahí se empieza a romper todo.

En mayo de 2013, varios docentes más admiten ante el juez irregularidades en los cursos, la bola de nieve está en marcha. La UDEF, a esas alturas, ha recopilado una investigación con miles de folios y documentos. De todo ello se deduce que los cursos pueden haber sido una estafa monumental. Ángel Ojeda Avilés queda retratado como el gran 'conseguidor', como un 'especialista' pero hay cientos de pequeñas empresas, autónomos y personas implicadas.

El nexo común es que la Junta ha repartido cientos de millones en subvenciones para cursos de formación que luego no han sido controlados. La Policía acumula indicios de que muchos no se han celebrado siquiera, otros eran testimoniales, parciales, la mayoría no aplicaba el compromiso de contratar a la mitad de los cursillistas durante, al menos, seis meses y, como mínimo, con media jornada. El dinero repartido para ese fin se iba quedando entre pequeñas empresas, autónomos y grandes grupos como el de Ojeda Avilés. Esta es la base de la 'operación Edu'.

'Operación Óscar'

La investigación iniciada en el 'caso Edu' desemboca en una decisión. Los investigadores optan por presentar en Cádiz una parte, llamada 'caso Óscar', centrada en exclusiva en Ojeda Avilés. El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz se hace cargo y gracias a una última denuncia de un docente, precipita las detenciones, el pasado lunes 4 de agosto, «por riesgo de fuga» del exconsejero. También son detenidas ocho personas más, entre ellos el hijo de Ángel Ojeda. El antiguo miembro del Gobierno de la Junta declara durante cuatro horas ante el juez López Marchena. Queda en libertad con cargos (fraude, malversación, falsedad documental y contra la administración pública) y se le retira el pasaporte. Los registros en domicilios y sedes de empresas se suceden entre el lunes y el viernes. Fiscalía y Juzgado acuerdan que la causa pase a Sevilla, a la célebre Mercedes Alaya, la instructora del 'caso ERE'.

Entre los ciudadanos queda la sensación de que la administración es un desastre. No sólo es incapaz de reducir las cifras del desempleo. Ha sido incapaz de controlar miles de millones destinados a paliar sus efectos. A falta de saber si hay responsabilidades penales, queda el asombro de pensar si todo un exconsejero de la Junta se apropió de hasta 40 millones destinados a paliar la desesperación de los parados.

La realidad, haya o no responsabilidades penales, es que 30 años después, cientos de millones de euros después, el paro en Cádiz está en el 42,4% por lo que resulta evidente que los planes de formación y recolocación, de auxilio y alivio ha sido un absoluto fracaso.