Un revés muy inoportuno

La empresa adjudicataria de la obra del puente de Cádiz, Dragados, tiene la sartén por el mango y no le ha temblado el pulso a la hora de paralizar los tajos en el mejor momento de su desarrollo. No es la primera vez que la constructora utiliza su poder para dar un golpe de efecto ante el Ministerio de Fomento. El impago de varias certificaciones de obra en el verano de 2010 por parte del Gobierno socialista llevaron a la compañía a echar el freno de mano durante cuatro meses. Al año siguiente hizo lo mismo, pero por menos tiempo. Los dos parones de Dragados han condenado el futuro de este proyecto, que no ha levantó cabeza hasta que el Gobierno del PP garantizó su financiación en 2012. Sin embargo, este anuncio llegó muy tarde. El nuevo puente no estaría terminado para el Bicentenario. La ministra Ana Pastor confirmó entonces que a la obra le quedaban, al menos, 18 largos meses de trabajo y situaba su terminación para finales de 2014 o principios de 2015. La constructora vuelve ahora a presionar a Fomento haciendo uso de un resquicio legal. En este caso se trata de la tramitación de un expediente por las modificaciones técnicas que ha sufrido el proyecto en los últimos años. Su redacción es del todo legal y está recogida por la normativa que regula los contratos de adjudicación de las grandes obras públicas. Sin embargo, Dragados ha aplicado a rajatabla la letra pequeña del contrato para negociar ahora los costes de esas modificaciones puntuales y que acumula cualquier obra a lo largo de su tiempo de ejecución. En este caso se refiere a la reordenación de la rotonda de El Corte Inglés y de la instalación del tramo desmontable. A Dragados lo ampara la ley pero no es de recibo que llevemos siete años de obras para un puente que se proyectó para ejecutarlo en 42 meses.