La Junta inicia los trámites para apropiarse del suelo del Algarrobico y derribarlo

La Junta de Andalucía ha tomado la decisión de iniciar los trámites para registrar a su nombre el suelo donde está asentado el hotel Algarrobico en el parque natural Cabo de Gata-Níjar y a escasos 50 metros de la orilla del agua. Con ello pretende evitar que el empresario siga construyendo la instalación, una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le abriera la puerta a esta posibilidad al considerar legal la licencia de obra.

Aunque la sentencia va a ser recurrida por la Junta al Tribunal Supremo, cabe la posibilidad de que siguiera la obra hasta que no hubiera una orden de paralización. El consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, anunció que la Junta ejercerá el derecho de retracto, que en realidad ya inició en 2006 -cuando paralizó las obras iniciadas en 2003- y por el que depositó en una entidad bancaria 2,3 millones de euros. Entonces la maraña judicial por un lado y las negociaciones por otro recomendaron aparcar este paso, aplaudido ayer por los grupos ecologistas.

Los detalles no se conocerán hasta mañana viernes, cuando la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, lo explique en Almería. Jiménez Barrios avanzó que se trata de una acción sin marcha atrás que sigue la consigna dada por la presidenta de la Junta de «hacer lo posible y lo imposible» para derribar cuanto antes el Algarrobico.

¿Por qué no en 2006 y sí ahora cuando todavía el Supremo no se ha pronunciado sobre el recurso de Azata, la empresa dueña del hotel? Fuentes de la Administración señalaron a este periódico que la Junta va a utilizar como soporte jurídico el fallo del pasado abril del TSJA, que le dio la razón sobre la titularidad pública del suelo y el grado de protección del mismo por su interés medioambiental, para inscribir los suelos a su nombre.

La Junta se aferra a que los terrenos del hotel habían sido objeto de una transmisión patrimonial en 1999 y que la empresa lo ocultó a la administración autonómica y no cumplió con su obligación legal de informarle por si estaba interesada en ejercer el derecho de retracto.

En este supuesto considera que hubo mala fe. Si los tribunales le dan la razón, la administración autonómica no tendría que indemnizar a la empresa. Pero si el fallo es que no hubo mala fe, la Junta tendría que compensar a la promotora que construyó la instalación hotelera para poder culminar el objetivo de todo este embrollo, la demolición final del polémico hotel y devolver la famosa playa a su estado salvaje y natural.

El Ministerio de Medio Ambiente negoció en los tiempos de Cristina Narbona un justiprecio que rondaba los 82 millones de euros, aunque los colectivos ecologistas han indicado a Efe, que en ningún caso se podría abonar más de lo que costó la construcción del hotel, unos 16 millones de euros, desglosados y certificados por el arquitecto y tres aparejadores.

Tanto Greenpeace como Ecologistas en Acción celebraron la iniciativa de la Junta y recordaron a Efe que todas las oenegés que han defendido la demolición de esta construcción habían reclamado muchas veces que procediera a este registro.