'Novo Carthago', la investigación judicial que pone cerco a Valcárcel

En los tiempos dorados del 'boom' inmobiliario fueron decenas los grandes complejos urbanísticos que se promovieron en Murcia por parte de las mayores y, todavía entonces, flamantes constructoras de toda España. Pero para ver a quien hasta hace nada ha sido presidente de la comunidad, el popular Ramón Luis Valcárcel, avalando con su presencia uno de los proyectos hay que remitirse al 12 de junio de 2003. Fue el día en el que se presentó oficialmente el macrocomplejo Novo Carthago: diez mil viviendas a orillas del Mar Menor, además del ineludible campo de golf, con una inversión estimada por la promotora Hansa Urbana en mil millones.

No existe constancia, ni gráfica ni en la memoria, de que Valcárcel presidiera la puesta de largo de cualquier otro complejo. Fue 'Novo Carthago', y solo 'Novo Carthago'. Por las razones que fuera.

La fecha del acto celebrado en el lujoso hotel Príncipe Felipe de La Manga, en el que la estrella fue el fallecido Severiano Ballesteros, tiene su trascendencia. Sobre todo porque una presentación de tales características no se improvisa -solo hay que ver cómo era la maqueta- y porque vino a coincidir en el tiempo, curiosamente, con el primer paso del que sería un largo y proceloso itinerario administrativo hasta conseguir que ese 'resort' tuviera encaje, aunque fuese a 'puñetazos' normativos, en una legislación que impedía edificar en unos terrenos especialmente protegidos.

Esa misma mañana del 12 de junio, el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Cerdá, firmó la orden de reinicio del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Mar Menor, una decisión adoptada de oficio y sin cuya modificación habría resultado inviable el complejo urbanístico.

Los interrogantes -por no decir las sospechas- que surgen ya en este punto son muy numerosos, sobre todo en lo referente a las garantías que habrían recibido Hansa Urbana, y en concreto su presidente, Rafael Galea, acerca de la favorable respuesta que se iría dando a los impedimentos legales y técnicos que afrontaba el proyecto. Porque para ese momento la promotora -encabezada por Galea, pero con participación mayoritaria de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)- ya había invertido decenas de millones de euros en la adquisición de los terrenos, con la particularidad de que los primeros que había incorporado a su cartera, por importe de quince millones, eran los que estaban especialmente protegidos.

Una veintena de imputados

La tramitación del proyecto fue superando todos los obstáculos en su itinerario por tres consejeros distintos, Antonio Cerdá, Francisco Marqués y Joaquín Bascuñana, y concluyó cuando el último suscribió el 31 de marzo de 2005 la aprobación de la llamada Modificación Puntual nº 113 del Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena. Una firma que convertía en urbanizables unos terrenos de saladar a los que la ley otorgaba una especial protección por sus valores ambientales.

El cúmulo de supuestas irregularidades e ilegalidades que se habrían cometido hasta llegar a ese momento fue especialmente prolijo. Así lo afirma, en reiterados autos, el magistrado de la Sala de lo Civil y de lo Penal del tribunal superior de Murcia Manuel Abadía, que desde hace un año impulsa, junto al fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, la investigación del 'caso Novo Carthago'. Un asunto que se ha convertido en el más relevante de entre el medio centenar de causas de corrupción que instruyen los juzgados murcianos, pues mantiene imputados a los tres consejeros mencionados -Bascuñana es el actual delegado del Gobierno-, a media docena de directores generales de la época y a una docena de otros cargos públicos, altos funcionarios y asesores.

Ya 'en capilla' se encuentran la alcaldesa de Cartagena y diputada nacional, Pilar Barreiro, y el diputado socialista en las Cortes Valencianas Ángel Luna, que si no están formalmente imputados es por su condición de aforados, que será lo que probablemente acabe motivando la remisión del caso al Supremo.

La participación del socialista en esta presunta trama hay que buscarla en su condición de abogado de Hansa Urbana, que lo llevó a participar en reuniones de extraña apariencia. Entre ellas, la celebrada en el verano de 2003 en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno murciano. Aunque de su convocatoria nadie se ha responsabilizado hasta ahora, sí ha trascendido que en ella tomaron parte Luna, el consejero Cerdá, un par de directores generales y un grupo de funcionarios que debían redactar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la macrourbanización y que no entendían a qué se debía aquel encuentro en tan inusual escenario.

Algunos de los participantes en esa reunión han señalado que fue allí donde el entonces consejero de Medio Ambiente se mostró favorable a que los terrenos protegidos pudieran acoger algún 'uso recreativo', como un campo de golf. Algo que el propio imputado, Antonio Cerdá, ha declarado no recordar con exactitud, pero que tampoco ha intentado desmentir, pues admite que así lo pensaba realmente.

Apuntando hacia arriba

Ante este panorama global, el magistrado Abadía empieza a centrar su atención en el papel jugado por Valcárcel, durante dos décadas presidente murciano y actual vicepresidente del Parlamento Europeo. Para empezar, ya ha dejado constancia en sus interrogatorios de su convicción de que el único que pudo convocar esa cumbre en San Esteban fue el propio Valcárcel, en un aparente intento de escenificar su respaldo al proyecto, y ha apuntado que minutos antes se había reunido en su despacho con Cerdá y Luna. Valcárcel se niega a aclarar este extremo, que podría resultar crucial en el desenlace de la causa. «No seré yo -declaró ayer a LA VERDAD, rompiendo su silencio de varias semanas- quien opine sobre lo que el juez desea preguntar. La respuesta fue clara por parte de la persona a quien se le preguntó», se limitó a comentar el expresidente, en alusión al consejero Cerdá, quien declaró en su día ante el juez que Valcárcel no le había pedido nada.

En esa línea de considerarlo el valedor político de la macrourbanización -postura que mantienen ya públicamente el PSOE y el grupo ecologista ANSE- van muchas de las preguntas que Abadía ha dirigido a los consejeros imputados. Que uno rechaza, como ha hecho Cerdá, y otros, Bascuñana y Marqués, simplemente se niegan a responder.

La implacable marcha del 'caso Novo Carthago', unida a dos recientes condenas por prevaricación contra los alcaldes de Torre Pacheco y Pliego, ambos del PP, han impregnado de inquietud y nerviosismo el ambiente que se respira en ese partido. Pero lo que más estupor e indignación ha despertado en las filas del PP ha sido la decisión de Valcárcel de permitir que el exconsejero Marqués, imputado en dos causas por presunto cohecho, haya utilizado la sede regional y las siglas del PP para responder a las acusaciones.

Un hecho que la oposición, de forma unánime, interpreta como una evidencia del temor del expresidente a que su antiguo hombre de confianza acabe tirando de la manta.