La Junta entregó 21 millones a una empresa pública «prescindiendo del procedimiento»

La Junta de Andalucía dio 21,6 millones de euros a la Empres de Gestión Medioambiental (Egmasa) para un expediente de regulación de empleo (ERE)«prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal», sin publicidad ni concurrencia y con una sobrecomisión de 1,2 millones, según un informe de la Intervención General del Estado.

Dicho informe, al que ha tenido acceso Efe, ha sido entregado a la juez de los ERE, Mercedes Alaya, y mantiene que la Junta no hizo ningún análisis económico sobre la necesidad de las ayudas y «especialmente en lo que se refiere a que la empresa no tuviera capacidad económica para hacer frente, en todo o en parte, a las obligaciones asumidas». Al prescindir «total y absolutamente del procedimiento legal establecido», las ayudas para el ERE de 2003 en Egmasa, que supusieron 348 prejubilaciones, pudieran ser «nulas de pleno derecho», dicen los interventores del Estado, que ya han elaborado varios informes sobre las ayudas que investiga la juez Alaya.

Según su nuevo documento, en Egmasa no se publicaron ni existieron bases reguladoras de la concesión de las ayudas, no se aplicaron criterios de publicidad, concurrencia y objetividad, no se acreditó el carácter excepcional de las ayudas ni la finalidad pública o interés social, no hubo solicitud formal ni resolución motivada de la Consejería de Empleo, el director general de Trabajo carecía de competencia delegada y el crédito presupuestario utilizado para su otorgamiento no fue el adecuado.

A juicio de los interventores «no se ha acreditado el carácter excepcional de las ayudas concedidas».