Todo el poder para la Comisión

La Ley de Propiedad Intelectual (LPI) pasó por el Congreso de los Diputados por primera vez con polémica, con sectores y partidos enfrentados por el texto auspiciado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y por la actitud del departamento comandado por José Ignacio Wert. Tanto la oposición como gran parte del sector cultural se han quejado de la falta de diálogo gubernamental para pactar la normativa que prevé dar más seguridad a los creadores y plantea una compensación económica para los editores por parte de los agregadores de noticias que usen contenidos amparados en los derechos de autor publicados en sus medios.

A pesar de estas críticas por la «falta de comunicación», como se definió en la caótica Comisión de Cultura de la Cámara baja que dio luz verde al primer paso de la ley, los partidos políticos consiguieron pactar nueve enmiendas transaccionales. «Es la misma línea de colaboración que se consiguió con la ley Sinde», recuerdan fuentes ministeriales. Entonces, PSOE, PP y CiU acordaron diversos puntos, acuerdo que se ha repetido para reforzar a la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI), la encargada de salvaguardar los derechos de los contenidos de las páginas web (la Sección primera se dedica a la mediación y el arbitraje entre las partes). Ahora, esta Segunda Sección podrá dirigirse no sólo a las páginas vulneradoras de derechos de manera significativa, sino también a aquellas que faciliten la vulneración «de un volumen apreciable de obras y prestaciones protegidas». Podrá, además, solicitar el bloqueo de las páginas, teniendo en cuenta la proporcionalidad y posible eficacia respecto a las demás medidas que propone el proyecto de ley, como pedir a los anunciantes que retiren su publicidad o la colaboración de los servicios de intermediación de pago.

Populares, convergentes y socialistas también aprobaron que los autores acudan a la vía civil para identificar a los prestadores de servicios que ofrezcan contenidos en España sin autorización, sin exigir que sea a gran escala, sino atendiendo al volumen de obras y nivel de audiencia de las páginas. Unas medidas que se pueden ver ampliadas en el Senado a partir de septiembre, cuando la Cámara alta comience las deliberaciones y lleguen «más acuerdos». Eso es lo que espera el Ministerio, que también planteará un paquete de nuevas enmiendas al texto aprobado en febrero.

Unos cambios que pueden estar enfocados a una mayor agilidad de la CPI, que, desde su puesta en marcha en marzo de 2012, ha resuelto 362 solicitudes, el 88,5% de las 409 solicitudes presentadas. Según los datos ministeriales, la Policía y la Guardia Civil desarrollaron 700 intervenciones y detuvieron o imputaron a 423 personas por infracciones contra los derechos de la propiedad intelectual en 2013. Además, se incautaron de 250.598 objetos valorados en más de 51 millones.

Más cambios

La Coalición de Creadores también prevé más cambios que protejan a un sector tocado por la piratería. «Los asuntos aprobados no distan más que en matices de mejora técnica legislativa del primer borrador del anteproyecto», apunta Carlota Navarrete, directora general de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, quien recuerda que la piratería superó en 2013 los 3.192 millones de descargas ilegales y el valor de lo pirateado online alcanza los 16.136 millones.

Otro de los apartados contemplados en la LPI es la compensación económica que los agregadores de noticias deberán abonar a los editores por el uso de contenidos protegidos por el derecho de autor. La norma, aseguran fuentes ministeriales, no contempla «en ningún caso» que los usuarios que quieran enlazar noticias a través de las redes sociales deban realizar un abono. «Las redes sociales no objeto de esta medida», insiste Cultura, quien critica las «desinformaciones de algunas partes interesadas».