Las víctimas del Alvia exigen justicia un año después de la tragedia

Un año después del descarrilamiento del Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol continúan sin esclarecerse ante un tribunal los motivos del accidente que costó la vida a 79 personas y dejó a 146 heridas. Aunque las víctimas apremian para que se dé luz a lo ocurrido, la investigación del siniestro se ralentizará aún más. Andrés Lago, el juez instructor del caso desde que su predecesor Luis Aláez pidiera el traslado el pasado junio a un tribunal de lo penal, ha solicitado una moratoria para estudiar el expediente del caso. Sobre la mesa tiene un sumario que ya alcanza los 47 tomos y más de 20.000 folios.

Por el momento, el instructor mantiene a trece personas imputadas. El principal encausado es el maquinista, Francisco José Garzón Amo, al que se acusa de 79 delitos de homicidio imprudente. El propio Garzón reconoció en su declaración pocos días después de la tragedia «el despiste» que le llevó a circular a 179 kilómetros por hora en una zona limitada a tan solo 80. También admitió que hablaba por teléfono unos instantes antes del accidente.

Pero durante los once meses que ha dirigido la investigación, Aláez ha insistido en la hipótesis de que Garzón no es el único responsable. Además del maquinista, ha imputado a doce exdirectivos de ADIF por un delito contra la seguridad colectiva y como presuntos partícipes en los de homicidio y lesiones. El anterior instructor, ante el que todos se negaron a declarar, les atribuye la negligencia de que en el tramo de Angrois donde se produjo el accidente no estuviera activo el sistema de conducción ERTMS, que hubiera frenado el convoy ante el exceso de velocidad del conductor.

El juez Lago ha mantenido hasta ahora las acusaciones contra los exaltos cargos a la espera de recibir los informes definitivos de los peritos, en los que se dilucidará la supuesta responsabilidad de la compañía en los fallos de seguridad detectados. La última palabra la tendrá no obstante la Audiencia Provincial de La Coruña, que debe decidir sobre el recurso presentado contra sus imputaciones por el fiscal y la Abogacía del Estado.

En contra de la opinión de las acusaciones públicas, la Plataforma Víctimas Alvia 04155 sí defiende la culpabilidad de los exdirectivos de ADIF. Su abogado, Manuel Alonso, apunta a la compañía e insiste en que con el ERTMS el tren no se habría salido de la vía, opinión que han corroborado varios peritos.

Por su parte, el letrado de Garzón, Manuel Prieto, aduce «la carencia de todos los estudios de riesgos y medidas de seguridad adecuadas y necesarias» como principal causa del accidente. También es partidario de mantener la imputación de los exdirectivos. El abogado del maquinista no ha adelantado, sin embargo, si pedirá la absolución de su cliente. «Ahora mismo lo que nos planteamos es conocer absolutamente todo lo que ocurrió y por qué ocurrió y cuando esto esté resuelto ya se estudiarán las responsabilidades de cada uno», explica.

Malestar con los políticos

La Plataforma Víctimas Alvia 04155 ha anunciado que no acudirá a los actos de homenaje que se celebrarán hoy en la Catedral de Santiago y en Angrois, el barrio donde se produjo el siniestro. En su lugar se concentrarán en el monte Gaiás, en Santiago, a modo de protesta contra la Xunta de Galicia. Este colectivo declara sentirse «ofendido» con los representantes políticos de PP y PSOE, que se preocupan por los homenajes en lugar de «hacer todo lo posible por que se sepa la verdad y se depuren responsabilidades». Acusan a ambas formaciones de tener un pacto tácito para rechazar una comisión de investigación parlamentaria, solicitada en varias ocasiones por las víctimas y siempre rechazada.

El otro colectivo de víctimas, la Asociación de Perjudicados por el Accidente Ferroviario del Alvia de Santiago, se muestra menos beligerante y sí acudirá a los actos de homenaje, aunque ha expresado su voluntad de que los cargos públicos «no monopolicen» la ceremonia.