Los agentes de empleo llevan a la Junta ante la Justicia

Los agentes locales de promoción de empleo, conocidos con el acrónimo Alpe, también han decidido declarar la guerra judicial a la Junta de Andalucía y plantar batalla judicial tras el despido masivo de cientos de estos trabajadores hace 22 meses. El comité de empresa que los representa se reunió ayer para analizar la labor de la administración autonómica, que ha creado una comisión técnica para abordar la serie de sentencias del Tribunal Supremo que obliga a la readmisión del colectivo de trabajadores.

Una vez analizada la labor de la Junta a la hora de acatar esas decisiones judiciales y volver a dar su anterior trabajo a estos agentes, la representación de los Alpe ha dado a conocer un documento dividido en cuatro puntos. En resumen, este manifiesto viene a considerar una estafa la comisión técnica creada para la readmisión y anuncia medidas legales, incluso por vía penal, para lograr el cumplimiento de las sentencias de readmisión.

El primer punto acordado por los Alpe asegura que la comisión técnica «ha sido un auténtico engaño a todos los trabajadores con la intención de ganar tiempo y desmovilizar a un colectivo que exige algo tan elemental como el cumplimiento de las sentencias firmes del Tribunal Supremo, que condenan a la Junta de Andalucía por fraude de ley y desviación de poder, y declaran nulos los despidos realizados en septiembre de 2012 y a la readmisión de los trabajadores».

Para los agentes de empleo, las maniobras de dilación y distracción de la Junta de Andalucía suponen «una auténtica tomadura de pelo» y considera que el Gobierno autonómico «ha hecho de la mentira su principal instrumento de gestión de este conflicto».

Los afectados recuerdan que «ya son firmes 14 sentencias colectivas del Tribunal Supremo» que coinciden en señalar que cientos de trabajadores debían incorporarse de nuevo a su puesto a la agencia del Servicio Andaluz de Empleo. «No sólo incumplen las leyes que ellos mismos aprueban en el Parlamento, sino que, en un acto de prepotencia inusitado, se niegan a cumplir dichas sentencias firmes del Supremo».

Despilfarro millonario

Los Alpe califican de «auténtico escándalo» que una administración pública como la Junta incumpla sus propias leyes y las sentencias firmes. Además, recuerdan que esta cerrazón prolonga la obligación a pagar los salarios de los trabajadores despedidos por lo que se condena «al conjunto de la ciudadanía andaluza al despilfarro del dinero público que supone seguir recurriendo sin causa y costeando los salarios de tramitación». Ese derroche de dinero público se eleva, según los afectados, a 70.000 euros diarios, unos 26 millones anuales «que tienen que ser pagados por todos los andaluces para satisfacer los caprichos y la prepotencia de la Presidenta de la Junta, Susana Díaz, al parecer por la rabieta que le produjo el hecho de que el colectivo fuera recibido por el PP, partido que exige públicamente la inmediata readmisión de los trabajadores y ha prestado todo su apoyo en este demencial conflicto».

Como principal acuerdo práctico, el comité de empresa de los Alpe en la provincia de Cádiz anuncia tras la reunión de ayer que tomará «todas las medidas legales, incluida la vía penal, y de lucha necesarias para denunciar esta actitud ilegal, mentirosa y fraudulenta de la Junta de Andalucía que, además de dañar gravemente los derechos de los trabajadores afectados, cuya prestación de desempleo finaliza en breve plazo y somete a numerosas familias andaluzas a una situación de grave pobreza, perjudica de manera escandalosa a la totalidad de la ciudadanía andaluza por el despilfarro y la nefasta gestión del dinero público».