Las mujeres maltratadas serán atendidas en un máximo de 15 días

Las mujeres maltratadas pueden solicitar su traslado a un centro de acogida de otra comunidad autónoma con el fin de garantizar su seguridad. Hasta ahora, no había un plazo establecido para ello, y la Administración de la comunidad de origen de la víctima podía tardar incluso dos meses en llevarlo a cabo. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de acuerdo con los Gobiernos regionales, aprobó ayer un protocolo para agilizar este proceso.

Así, las víctimas de violencia machista y sus hijos podrán ser trasladadas a casas de acogida de comunidades autónomas distintas a las suyas y sin coste alguno en un máximo de 15 días, aunque en los casos urgentes las regiones tendrán un plazo de 24 horas para actuar y asegurar la seguridad de las mujeres.

El texto, que contó con la firma de todas las autonomías excepto País Vasco y Cataluña, por «problemas competenciales», supone un paso más en la lucha por la «erradicación» de la violencia de género en España, señaló la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, tras la reunión en la Conferencia Sectorial de Igualdad con los responsables autonómicos en esta materia.

El protocolo establece un marco común de actuación basado en tres principios: confidencialidad, seguridad y recuperación de la víctima. Además, si la mujer carece de medios económicos, «el gasto lo asumirá la comunidad de origen, aunque se abre la posibilidad de que las comunidades de origen y las de destino repartan costes», explicó Camarero. Además, la secretaria de Estado añadió que se prevé la escolarización «inmediata» de los menores hijos de estas víctimas.

Para realizar todo este proyecto, las comunidades recibirán este año un total de 5,3 millones de euros, divididos en dos partes. Por un lado, 4,3 millones que el Gobierno transferirá a las autonomías y, por otro, un millón de euros más que procede de los fondos europeos. Estos 4,3 millones suponen un aumento del presupuesto de 300.000 euros respecto al año pasado. La cuantía se dividirá entre la asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género (3,1 millones de euros) y los programas de atención a los menores (1,2 millones de euros).

Bastará con un papel

Según el documento, la comunidad de origen de la víctima asumirá, además de los costes de desplazamiento en un primer momento, el gasto que ocasionen los viajes de regreso y el alojamiento por obligación del proceso judicial o por causa debidamente justificada. Y es que la mujer será derivada a una casa de acogida de otra comunidad cuando haya una resolución judicial o un informe del Ministerio Fiscal. Pero el nuevo protocolo de actuación va más allá. En los casos urgentes en los que esté en riesgo la vida de la víctima, bastará un informe del Centro de la Mujer, de Servicios Sociales o incluso «un papel firmado por los organismos de igualdad» de la comunidad autónoma para su traslado inmediato. Por su parte, la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández Oliver, aseguró que «se contempla un sistema amplio de acreditación de la condición de víctima».

Respecto a la decisión de País Vasco y Cataluña de no firmar el protocolo, la secretaria de Estado destacó que en estas dos comunidades el plan no tendrá vigencia «porque no pueden obligar a nadie», pero que «la solidaridad primará sobre la firma de la norma», por lo que las víctimas de violencia de género de estas comunidades podrán acogerse al plan, aunque «tendrán más facilidades las que pertenezcan a las demás autonomías». La secretaria de Estado de Servicios Sociales lamentó que «ya son 29 las mujeres muertas este año a manos de sus parejas»

En la reunión también se acordó la coordinación entre autonomías para combatir la mutilación genital femenina a través de la creación de un grupo de trabajo 'online', así como la actualización de la guía de recursos autonómicos dirigidos a la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.