Un parche para los okupas de Sanlúcar

La solución de emergencia que ha buscado la Consejería de Vivienda para arreglar el entuerto de las 86 familias que han ocupado ilegalmente viviendas vacías en varias urbanizaciones de la zona no sirve de mucho. Se trata de desnudar a un santo para vestir a otro. El delegado provincial de Fomento, Manuel Cárdenas, comunicó ayer que la Junta negocia con una entidad bancaria el alquiler social de, al menos, 20 pisos para realojar a estas familias. La solución, a priori, es insuficiente porque el número de viviendas que se habilitarán son 20 y los okupas suman 86, pero lejos de entrar en este debate, tanto la consejería como la delegación provincial, en manos de IU, deben tener en cuenta que el problema de fondo es más grave aún y no se soluciona con un piso en régimen de alquiler. El drama social que viven estas familias es fruto de la difícil situación económica que atraviesa la provincia y su mercado laboral. Los okupas están desempleados y llevan más de un año buscando un empleo. Lo han perdido todo y se han visto obligados a pegar una patada a la puerta de la primera vivienda que han encontrado vacía. Precisamente, la crisis del ladrillo ha dejado a varias promotoras de Sanlúcar en la ruina y las construcciones están a merced de cualquiera. El primer peldaño que deben subir estas familias es el relacionado con el empleo. Es decir, un sueldo que garantice el pago del alquiler social. De lo contrario estaremos en la misma situación que al principio. La pescadilla que se muerde la cola. Además, el trato que han tenido ha sido preferente, ya que el número de familias que demanda una vivienda social en Sanlúcar supera el medio millar. La solución viene tras los reproches realizados por el alcalde de la localidad, el socialista Víctor Mora, al socio de gobierno de su partido en la Junta.