Fomento gana tiempo para el rescate de las autopistas

El Ministerio de Fomento ha ganado un tiempo precioso para ultimar una solución a las autopistas de peaje en riesgo de quiebra, a la vista de que los actores implicados siguen sin estar convencidos de la propuesta que les hizo de cambiar un rescate público por una quita del 50% en su deuda. La junta de acreedores de la AP-36 Ocaña-La Roda, la que tiene más avanzada su tramitación entre las nueve que se encuentran ya en concurso, acordó ayer aplazar hasta el próximo 19 de septiembre la reunión en la que debe dirimirse su futuro. Ferrovial y Sacyr, principales socios de la concesionaria, habían pedido aplazar hasta dentro de 43 años (2057) el pago de los 522 millones de deuda que arrastra.

La banca, sin embargo, no ve factibles esas condiciones, aunque la alternativa sería la disolución de la sociedad. Se activaría entonces la responsabilidad patrimonial del Estado (RPA), a la que se restaría el coste de las expropiaciones del suelo. En el caso de la AP-36 sí puede salirles a cuenta, pues el erario público tendría que abonar 487 millones, sólo 35 menos que la deuda.

El problema es que la siguiente en caer sería la autopista Madrid-Toledo, con una deuda de otros 530 millones y donde la resta es mucho más desfavorable. Por eso, Fomento, Hacienda, constructoras, concesionarias y entidades financieras reanudaron ayer las conversaciones.