Imputados en el 'caso ERE' critican la ocultación y manipulación de documentos

Tres ex directores generales de Trabajo andaluces se acogieron ayer a su derecho a no declarar ante la juez de los ERE y denunciaron la «ocultación dilatada» de documentos y la indefensión que sufren, mientras que una exasesora dijo que la Junta «manipuló» los expedientes entregados al juzgado.

La juez Mercedes Alaya tomó declaración a los ex directores generales Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, a la exasesora de Empleo María José Rofa y a Miguel Ángel Serrano, exdirector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), todos ellos imputados por las ayudas a Altadis y A-Novo y que se han acogido a no declarar.

María José Rofa, exasesora de la Dirección General de Trabajo, ha presentado un escrito a Alaya en el que afirma que los expedientes aportados por la Junta al juzgado están incompletos y de ellos se han retirado papeles que podrían implicar a otras personas.

Al igual que los demás imputados, Rofa ha argumentado que en la causa no figuran todavía los atestados de la Guardia Civil sobre las ayudas a Altadis y a la empresa malagueña A-Novo.

Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta, hizo su cuarta comparecencia como imputado por el caso de los ERE, en dos de las cuales acabó en la cárcel, y también se ha acogido a no declarar porque se siente indefenso.