El fundador de Gowex admite ahora tener más de tres millones en Luxemburgo La compañía pide ya el concurso

¿Un fraude de libro o un modesto proyecto tecnológico que su fundador quiso convertir a toda costa en un hito empresarial muy rentable? Tras poco más de dos horas escuchando ayer las explicaciones del fundador de Gowex, Jenaro García, ni el juez instructor, Santiago Pedraz, ni el fiscal anticorrupción asignado al caso, Antonio Romeral, tienen claro si, más que escapársele de las manos la compañía, no pensó casi desde sus inicios en dar un pelotazo a costa de los inversores.

Y es que la declaración de García, pese a mostrar en apariencia su intención de colaborar con la justicia, no ha aportado muchas luces. Sí hubo, no obstante, alguna sorpresa. La principal es que reconoció por vez primera tener fondos en el extranjero -hasta ahora había sugerido que su situación económica era delicada y estaba endeudado (de hecho, apenas tiene bienes a su nombre)-: al menos, más de tres millones de euros en una cuenta abierta en el Banco Popular de Luxemburgo.

En realidad, la titular de la misma es una de las dos sociedades a través de las cuales aún mantiene el control del 47,32% de la compañía de redes de wifi. Son Cash Devices y Biotelgy, de las que es administrador único. Estas redujeron su participación en la empresa un 4,8% en el primer semestre, pero García niega que fuera él quien hiciera unas ventas que, según fuentes del mercado, habrían supuesto más de 60 millones de euros.

También rechaza el controvertido empresario que Biotelgy haya sido liquidada y vaciados sus fondos en favor de otra sociedad del mismo nombre residente en Bélgica, como sostienen las asociaciones de inversores que esperan ser admitidas como acusaciones en los próximos días.

En Anticorrupción tampoco se creen su versión y pedirán al juez que ordene a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) elaborar un informe sobre la compraventa de acciones de Gowex, al menos, desde principios de año. Ello incluiría también las operaciones a corto que pudieron hacerse en las semanas previas a que la firma de análisis Gotham destapara el fraude.

A su vez, solicitarán que se le requiera distinta documentación tanto a la sociedad M&A Auditores, que revisó las cuentas de Gowex desde 2008 -antes lo hizo la firma Abante Auditores- sin detectar nada anómalo-, como a Ernst&Young, cuyo papel de agente asesor para su salida al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) también está bajo sospecha. Las acusaciones quieren ir más lejos y buscan su imputación formal.

Dudas sobre su versión

De su papel poco se habló durante la comparecencia de García, que se centró sobre todo en el origen del fraude contable reconocido por él mismo hace una semana. A preguntas del fiscal, volvió a 'corregir' otra de las afirmaciones que sostenía hasta ahora, en este caso que la falsificación de las cifras se limitaba a los cuatro últimos años. El engaño se inició, al menos, en 2004.

Y es que los investigadores del caso tampoco tienen claro si, de nuevo, García les está diciendo toda la verdad. Este explicó que el embrión de Gowex fue Iber-x, que nació en 1999 como una solución tecnológica para realizar transacciones comerciales (B2B) entre empresas. Fue en 2004 cuando saltó al campo del wifi, facturando cerca de 3,4 millones.

El problema es que, según su versión, la compañía empezó a tener entonces serios problemas financieros y él optó por 'trampear' los números. Creó varias sociedades instrumentales que él mismo gestionaba con testaferros, a través de las cuáles emitía facturas falsas para engordar los supuestos ingresos de Gowex.

Finalizada la declaración, y aún con varios interrogantes sin despejar, el juez le impuso una fianza de 600.000 euros al no descartar que pueda «fugarse de la justicia» por enfrentarse a delitos (falsedad de cuentas e información económico-financiera, junto a uso de información relevante) penados con más de 10 años de prisión. Tiene 15 días para depositarla o ingresará en prisión.

Gowex está con el agua al cuello. Quien fuera mano derecha de Jenaro García y aún sigue como consejero, Jesús Solsona, anunció ayer que finalmente ha presentado concurso de acreedores voluntario ante el «bloqueo financiero» que sufre la compañía. Esta tiene aún pendientes de devolver créditos por valor de 27 millones de euros y su cartera de clientes ha caído en picado. En esta tesitura, PwC ha rechazado hacerse cargo de su auditoría forense porque «no se dan las condiciones mínimas».