¿Son necesarias las mancomunidades?

En la época de la austeridad y el apretarse el cinturón, con una reforma de la administración local en ciernes, es imposible eludir el debate, siempre recurrente, de la utilidad de determinados entes públicos. Es el caso de las mancomunidades, cuya situación económica ha auditado la Cámara de Cuentas de Andalucía en un informe reciente en base a los resultados de 2011. Este trabajo arroja conclusiones que ponen en duda su viabilidad, al menos con la estructura actual. Más que los números que recoge, llama la atención reflexiones como que el servicio más habitual y casi exclusivo sea el ciclo integral del agua y que «esta actividad se presta en la mayoría de los casos por empresas participadas al 100% por las mancomunidades, por lo que la entidad se convierte, con carácter general, en un ente instrumental con la única finalidad de mantener económicamente a la empresa».

La valoración es aplicable casi a la totalidad de las entidades andaluzas, sin excepción en la provincia, donde tres de las cuatro lo ofrecen -las de la Sierra y el Campo de Gibraltar, a través de una mercantil íntegramente pública y la de la Janda, por una concesionaria-. La Mancomunidad de la Bahía es única que no lo hace porque se encuentra integrada por grandes municipios que gestionan sus propios servicios de limpieza y tratamiento de residuos. La única empresa pública que se encuentra bajo su administración es Cemabasa, encargada del cementerio de Chiclana.

La situación a 31 de diciembre de 2011 no era nada alentadora. La deuda con proveedores, administraciones públicas y bancos alcanzaba entonces los 24,5 millones de euros, sin tener en cuenta la ya extinta Mancomunidad del Bajo de Guadalquivir, en la que estaban integradas Trebujena, Chipiona, Rota y Sanlúcar junto con media docena más de municipios sevillanos que llegaron a acumular un impago de 42 millones. El principal motivo de estas cuentas deficitarias es la dificultad de los ayuntamientos que las conforman para abonar las cuotas. Años de atrasos en el pago y la difícil situación de las arcas municipales han dejado una deuda superior a los 27 millones de euros que ha seguido creciendo a lo largo de estos años.

En ese tiempo ha sido necesario ajustar presupuestos, poner en claro las cuentas e ir adelgazando la plantilla para seguir manteniendo estos entes. La Mancomunidad del Campo de Gibraltar es un claro ejemplo de ello, llegando incluso a recurrir al crédito bancario con el plan de pago a proveedores del Ministerio. Su presidente, Diego González de la Torre (PP), explica que cuando llegaron encontraron «grandes agujeros» que ni siquiera estaban cuantificados. «No se pagaba a la Seguridad Social desde 2010 y tampoco se reclamaba la cuota estatutaria a los municipios», recuerda. Hubo que recurrir a la regulación de personal, solicitar financiación e instar a los ayuntamientos a que hicieran aportaciones. «A día de hoy el cumplimiento de pago es mayor», pero casi dan por perdida la deuda anterior, «que no la hemos condonado, pero la vemos de difícil reintegro», admite.

Además de la reducción de cargos políticos y de confianza, también hubo que reducir servicios, desde la fundación universitaria a los programas formativos que no contaban con financiación suficiente de otras administraciones. La principal actividad es hoy la gestión de Arcgisa, la empresa pública de tratamiento de residuos, que atiende a siete municipios del Campo de Gibraltar y Ceuta, así como el suministro de agua a las grandes industrias y a los pueblos más pequeños. A pesar de las dificultades, González de la Torre defiende el papel de las mancomunidades y destaca que garantizan mejor la atención a los ciudadanos de una determinada zona que si estos servicios se gestionaran de manera centralizada desde la Diputación o la propia Junta.

Mejor situación vive la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz, cuya actividad ha sido también mucho más limitada. Con una deuda casi inexistente y un buen grado de cumplimiento de los ayuntamientos, la entidad marcha con tranquilidad. Su presidente, Nicolás Aragón (PP), reconoce que «la gestión del cementerio es el mayor servicio que prestan», además de otras acciones de formación, que cuentan con subvenciones de la Junta o de fondos europeos. También se han llevado a cabo iniciativas de promoción turística, «todo orientado a las necesidades reales de los municipios que no se cubren desde otros ámbitos». Aragón asegura que desde su llegada a la presidencia ha continuado con la misma gestión que se venía realizando con el anterior equipo liderado entonces por el PSOE. Admite que heredaron una administración «muy saneada» y se sigue en esa línea. Sobre la continuidad en el futuro considera que «cuando algo marcha bien nadie piensa en su liquidación».

Cuatro millones en personal

El capítulo 1 del presupuesto, el dedicado al coste del personal es otro de los asuntos que analiza el informe de la Cámara de Cuentas. A lo largo de 2011 se superaron los cuatro millones, donde se incluye también el pago a los cargos políticos y de confianza. El mayor gasto se refleja en las cuentas de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, con 2,4 millones y una plantilla de casi medio centenar de personas. Pero no es la que más llama la atención, el mayor desfase se observa en las cuentas de La Janda, con un coste de personal de 1,1 millón de euros para dos empleados contabilizados y ninguna empresa íntegramente pública que justifique tal montante. La Bahía presenta un balance más razonable con seis empleados que no llegan a los 400.000 euros, en los que se incluyen también los cargos políticos.